Gobiernos Progresistas ????????

GOBIERNOS PROGRESISTAS ¿???????

Deseo comenzar este ensayo planteando que nos dedicaremos al tema de los llamados gobiernos progresistas y sus políticas en particular en el campo de la vivienda y el hábitat.

Considero que es momento de analizar con la mayor objetividad la situación, a los efectos de sacar las mejores conclusiones y que a todos quienes trabajamos en el campo de la vivienda popular nos permita sacar algunas enseñanzas y generar una práctica consecuente con la problemática tratada.

Sabido es que la ola neoliberal planteó a todo nivel y en el campo de la vivienda lo cumplió a cabalidad, que el Estado fuera un mero facilitador dejando la oferta y la demanda en manos de éste, que él todo lo regularía y que se resolvería el problema sin más trámite.

Obviamente que ya nadie discute hoy que esta nefasta política, que los distintos gobiernos lo cumplieron a pie juntillas, no solamente no resolvió el problema de las grandes mayorías, sino que lo agudizó más aún , el déficit tanto cuanti como cualitativo aumentó en todos los países latinoamericanos.

Todo hacía suponer que con la llegada de los denominados gobiernos “progresistas” esto iba a cambiar. En realidad en ningún país podemos decir que esto haya cambiado, absolutamente en ninguno. ¿ Debido a qué sucedió esto ¿

Primeramente hay que tener en cuenta que bajo ningún concepto se puede abordar el problema de la vivienda si no se atacan realmente algunos temas que son esencialmente políticos y por ende tocan intereses contrapuestos.

El problema del suelo urbano es el gran cuello de botella entre otros, para comenzar a hablar que queremos cambiar las cosas.
El suelo tratado como una mercancía, más siendo este un bien del conjunto de la humanidad, inelástico, es decir que no se puede reproducir, la tierra es la que hay. Ya nos pone frente a un tema que de no resolverlo difícilmente se podrá abordar la temática de la vivienda y que esta satisfaga a las grandes mayorías en un derecho humano fundamental.

Por lo tanto los llamados gobiernos “progresistas “deben cambiar radicalmente esta forma de ver el tema, es decir de considerarlo mercancía a considerarlo derecho.

Ello implica tener una política sobre el suelo que priorice la propiedad social frente a la privada. Aquí está el nudo del problema, a partir de allí se desencadena la lucha de distintos intereses económicos donde el capital inmobiliario pugnará por la posición contraria a esto y éste contará con el apoyo político de los partidos políticos que defienden sus intereses.
Lo que es importante es ver que todos los llamados gobiernos progresistas asumieron el gobierno sobre la plataforma de “cambiar” y cambiar implica eso, cambiar.
Cuando se plantea esto por lo general se dice “todo no se puede” “no es tan fácil” “es un proceso” claro que sí, lo entiendo, pero lo importante es cambiar, que se nos pueda decir, que se verá el mejor momento, la correlación de fuerzas etc etc etc muy bien pero ya tenemos de estos gobiernos progresistas en algunos casos dos periodos y se ve muy poco realmente. O mejor dicho más de lo mismo.

Es más en algunos casos, por ejemplo se llega a criminalizar las ocupaciones de tierras impulsadas por los sectores y organizaciones populares.

Se suma a este problema que no es menor, que muchos si no la gran mayoría de los Movimientos Sociales urbanos subordinan y aceptan cosas a estos gobiernos que a otros no les permitirían bajo ningún concepto.
El argumento es el mismo “hay que esperar” “no podemos correr” etc etc etc. Si presionamos se viene la derecha o le hacemos el juego a ella.
En realidad esta argumentación solo conduce a una derrota segura, justamente debe de ser todo lo contrario o por lo menos debería ser, cuando solo se tiene el gobierno que no es poco, hay que aprovechar al máximo para poder profundizar todas las medidas posibles para generar los cambios deseados.

Para ello los Movimientos Sociales deben de plantearse firmemente la independencia política y luchar en forma consecuente por sus postulados.
En ese marco retomemos lo aprobado por todas estas organizaciones en noviembre del 2008 en El Salvador, vale la pena que hagamos un plan conjunto de movilizaciones en todo el Continente para que el tema suelo sea visto desde la óptica del derecho y no de la mercancía.



Manifiesto de estrategia regional para el acceso al suelo urbanizado

Las organizaciones de América Latina reunidas en San Salvador del 28 al 30 de noviembre de 2008, en el Encuentro de Organizaciones Sociales, aprueban este Manifiesto de Estrategia regional para el acceso al suelo urbanizado

Consideramos necesario:

1. Consagrar constitucionalmente y por ley el derecho de toda mujer y todo hombre a acceder y garantizar la permanencia en el suelo urbanizado y la vivienda digna. Entendemos como suelo urbanizado el que posee la infraestructura de servicios básicos, físicos y sociales, necesaria para gozar de un hábitat digno, no está en zonas de riesgo y reúne condiciones ambientales adecuadas. Es deber del Estado garantizar el ejercicio de este derecho, promoviendo políticas públicas claras, formuladas con participación popular, asegurando la función social de la propiedad y proveyendo los recursos necesarios. Éstos deberán provenir, entre otras fuentes, de los sectores con capacidad contributiva y estar previstos en los presupuestos públicos, posibilitando que en veinte años como máximo no existan más familias carentes de vivienda adecuada. Deberá aplicarse un enfoque de promoción de la equidad de género, con políticas incluyentes y preferenciales hacia la mujer, tanto en lo relativo a la tenencia como en la solución de conflictos.

2. Establecer nuevas formas de legalización de la tenencia del suelo, más adecuadas, que no se limiten a la propiedad individual y respeten las modalidades ancestrales (como las arrendaticias, la propiedad colectiva, comunitaria y familiar, o los derechos de superficie, uso o posesión). Las formas de legalización de la tenencia deberán garantizar que en casos de fallecimiento, separación o abandono, quede protegido el grupo familiar, y deberán impedir además que la vivienda sea objeto de especulación.

3. Constituir carteras, bolsas o bancos estatales de tierras, edificadas o no, adecuadas a las necesidades habitacionales, con participación y control social, para facilitar el acceso al suelo urbanizado de los sectores populares. Deberá garantizarse el conocimiento de la información sobre estos bancos de inmuebles y sobre los demás inmuebles estatales, así como sobre el uso que se les está dando. En ningún caso los inmuebles públicos deben ser objeto de especulación.

4. Garantizar, mediante un marco jurídico específico, la participación popular en todos los niveles, a través de instancias claras y democráticas y de la capacitación necesaria. Dicha participación debe ser representativa de las organizaciones del hábitat popular y tener incidencia efectiva en la definición de políticas, en la toma de decisiones (especialmente las que impactan sobre la comunidad), en el control de los recursos y de los registros públicos de propiedad y los catastros, y en la ejecución de los programas.

5. Repensar las normativas e incidir para que se evalúen y ajusten, aprendiendo de la realidad (amanzanamientos, construcciones en altura, segundas viviendas en el lote, densidades y otros) e institucionalizando el control social de su cumplimiento.

6. Densificar las actuales zonas urbanas, en particular las centrales, respetando espacios mínimos adecuados y dignos, y máximos sostenibles, para aprovechar los servicios existentes y los vacíos de la trama urbana.

7. Democratizar el uso de la ciudad (acceso igualitario de todas y todos al suelo, a los bienes, servicios y equipamientos urbanos), combatiendo la segregación económica, social, espacial y racial, mediante herramientas construidas participativamente y materializadas con la inversión del Estado.

8. Eliminar en forma inmediata la criminalización de las ocupaciones de tierras e inmuebles que realicen familias de bajos ingresos para resolver su problema habitacional.

9. Implementar, cuando sea necesario, en un plazo máximo de cinco años, y actualizar periódicamente, el catastro y los registros de inmuebles de propiedad pública y privada, incluyendo en ellos a todos los asentamientos espontáneos.

10. Regular el mercado de arrendamientos mediante leyes inquilinarias justas, con protección a los arrendatarios en cuanto a precios, plazos y garantías, reconociendo la importancia del acceso a la vivienda por esta vía.

11. Garantizar el derecho al arraigo, suspendiendo los desalojos en los asentamientos populares. Se debe asegurar la defensa judicial y crear instancias de mediación pública de conflictos, ante todos los casos de amenazas de desalojos de familias de sus viviendas.

12. Cuando excepcionalmente deban hacerse reubicaciones por situaciones extraordinarias consensuadas, el Estado debe garantizar previamente soluciones alternativas de realojo digno y adecuado, evitando el desarraigo familiar, cultural y laboral, y contemplando el resarcimiento de las mejoras realizadas y la sostenibilidad de la población en las nuevas condiciones.

13. Incluir, en la planificación del desarrollo urbano, criterios para la transformación en urbana de tierra rural no utilizada como tal, en acuerdo con las políticas productivas y el mejoramiento de los servicios correspondientes, en especial el transporte.

14. Recuperar el plusvalor incorporado al suelo privado por obras estatales o modificaciones de normativas, mediante el pago de tributos, para invertirlo en acciones relacionadas a la vivienda y los servicios para los sectores de bajos ingresos, o a través de la realización de obras de interés social. Deben establecerse procedimientos claros y objetivos para determinar dicho plusvalor.

15. Aceptar el pago de deudas con el Estado mediante dación de inmuebles al Banco de Inmuebles, con el correspondiente control social, para destinarlos a programas de Hábitat popular.

16. Traspasar los inmuebles estatales ociosos al Banco de Inmuebles, para su utilización en programas de hábitat popular.

17. Aplicar políticas tributarias fuertes, como el pago de impuestos progresivos, que desestimulen el abandono de tierras y edificios y que eviten su vacancia; este recurso debe destinarse específicamente a la vivienda u otras obras de interés social.

18. Transferir al dominio del Estado, sin indemnización, e incorporar al Banco de Inmuebles, los inmuebles privados que no registren uso alguno o carezcan del mantenimiento imprescindible durante un cierto lapso, determinado de acuerdo a la realidad de cada país.

19. Implementar procedimientos judiciales de muy corto plazo para acelerar la adquisición del dominio de inmuebles por parte del Estado y de organizaciones sociales (expropiaciones, prescripciones), para usarlos en programas de hábitat popular.

20. Establecer en cinco años el plazo para prescribir la propiedad por el que la posee con fines habitacionales en forma pacífica, pública e ininterrumpida, y desburocratizar los procedimientos correspondientes.

21. En los casos de compra o expropiación de tierras por el Estado, efectuar el pago en forma diferida y contemplando solamente el valor catastral, excepto en el caso de propietarios de bajos recursos económicos.

22. Contemplar en los programas y proyectos habitacionales criterios de sustentabilidad y protección ambiental y de los acuíferos, de acuerdo a estudios de impacto.

23. Destinar, en todos los nuevos emprendimientos de vivienda y terrenos urbanizados, un área porcentual obligatoria de suelo adecuado como reserva para vivienda social.

24. Crear zonas de prioridad para la construcción de vivienda popular dentro de la ciudad como parte de los planes de ordenamiento territorial.

25. Otorgar créditos estatales para el acceso al suelo, aplicando subsidios en los casos que sea necesario y/o crear mecanismos de cofinanciamiento con ahorro de los pobladores y aporte del estado.

26. Reconocer la posesión legítima del suelo como requisito suficiente para la obtención de créditos destinados al mejoramiento habitacional.

27. No permitir ningún loteamiento privado con fines de lucro que no cuente previamente con los servicios básicos ya implementados.

28. Establecer leyes y programas de regularización dominial y urbanística de los asentamientos populares informales y garantizar la regularización gratuita de éstos, priorizando las formas colectivas de propiedad y el mejoramiento y la integración a la ciudad

Hábitat International Coalition (HIC), México; Movimiento Urbano Popular (MUP), México; Unión Movimiento Moradías, Brasil; Grupo promotor de pobladores del centro histórico, Perú; Federación de Inquilinos y Vivienda de Tarija (FEDINVIT), Bolivia; CODECA, Comunidad La Carpio, Costa Rica; Central de Cooperativas de Vivienda, Paraguay; Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Uruguay; Federación Tierra y Vivienda (FTV) Argentina; Movimiento Ocupantes Inquilinos (MOI) Argentina; Grupo de Pobladores de Vivienda, República Dominicana; Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI), Ecuador; Comité Hondureño de Vivienda Solidaria (COHVISOL), Honduras; Central de Cooperativas de Vivienda, Nicaragua; Movimiento Comunal Nicaragüense, Nicaragua; Movimiento Guatemalteco de Pobladores, Guatemala; Mesa de Cooperativas, Guatemala; Plataforma Urbana, Guatemala; Mesa de Coordinación de las Cooperativas de Vivienda, El Salvador; Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO) EL Salvador.
Equipos Técnicos de Fundasal El Salvador, Ceprodel Nicaragua. Icade Honduras. Fuprovi C. Rica, Idesac Guatemala., Cipae Paraguay, Procasha Bolivia.

Como se verá en este Manifiesto, existen una serie de propuestas que a mi juicio deberían de intentar por lo menos abordarse en las políticas públicas de los llamados gobiernos progresistas , de lo contrario no habrá avances en un tema tan importante como éste que es clave para comenzar a resolver el tema de la vivienda. Que se vea la forma, el mejor momento etc etc , está dentro de lo normal, pero lo importante es comenzar.

Otro aspecto en el cual la ola neoliberal realizó políticas devastadoras fue el dejar como decíamos al libre mercado a que resolviera el problema de la oferta y la demanda en cuanto a la construcción de viviendas en todos y cada uno de los distintos países del Continente. Esta política liquidó lo poco o mucho que había en cada uno de los países en cuanto a financiación estatal, que efectivamente permita a los sectores más modestos de la población acceder a créditos blandos con el componente de subsidio asociado al mismo.
Por compartir plenamente con el Cro Benjamín Nahoum las propuestas que fueron editadas por el SCC en el año 2005, es que me permito transcribir sus recomendaciones sobre el tema del financiamiento. Ya que parto de la base que es el otro gran cuello de botella que debemos de atacar.



4.1. Propuestas y recomendaciones[1].

¿Podría terminarse este trabajo sin hacer propuestas? ¿Tendría sentido jugar a ese juego del médico que sólo diagnostica pero que no se anima a proponer terapéuticas? Sería sin duda más prudente, y quizá también más imparcial y objetivo. Pero como dijimos al principio, este trabajo no pretende ser imparcial ni objetivo. Y sí pretende hacer propuestas.

3.1.1. El de la vivienda es un problema social de primera magnitud y por lo tanto debe ser asumido por la sociedad toda, lo que implica la necesidad de un fuerte involucramiento del Estado, como representante de la misma, reasumiendo la responsabilidad que ha abandonado en los últimos años en muchos países de la región.

3.1.2. Involucramiento quiere decir cumplir un papel rector, fijando normativas y marcos de actuación y otorgando estímulos y apoyos a los diferentes sistemas y modalidades de producción. Pero quiere decir también -y fundamentalmente- inversión de recursos, en volúmenes tales que permitan sostener el esfuerzo requerido para el cumplimiento de las metas a alcanzar.

3.1.3. Los países pueden y deben realizar un esfuerzo de inversión para atender el tema de la vivienda, aunando la del sector público y la privada, del orden del cuatro a cinco por ciento de su Producto Bruto Interno. Esta inversión es compatible con el funcionamiento de sus economías, en tanto no restringe de manera excesiva la disponibilidad de recursos para la inversión reproductiva[2].

3.1.4. Un esfuerzo de esa magnitud permitiría, para la mayoría de los países de la región, eliminar o abatir sustantivamente en períodos relativamente cortos –entre diez y veinte años- los déficit cuantitativos y al mismo tiempo realizar las imprescindibles mejoras en los parques habitacionales existentes.

3.1.5. Los recursos públicos necesarios para realizar estas inversiones pueden obtenerse a partir de un conjunto de acciones complementarias:
a) la reprogramación del pago de intereses y amortizaciones de las deudas externas, el cual deberá convenirse con los organismos multilaterales de crédito, para lo cual resulta indispensable una acción coordinada de los diferentes países. Ésta será la mejor contribución que podrán hacer los organismos de “cooperación”, evitándose así la generación de nuevos endeudamientos;
b) el aporte de los Fondos Nacionales de Vivienda, existentes o a crearse, cuya base de acumulación debe ser fundamentalmente impositiva;
c) el concurso del ahorro interno, ya sea el específico para vivienda generado a través de sistemas de ahorro y préstamo, como la colocación obligatoria de títulos y bonos de vivienda para el encaje bancario, constitución de fondos de reserva de compañías aseguradoras, inversión de organismos previsionales, etc.;
d) el aporte de la cooperación internacional no gubernamental puede asimismo resultar sumamente valioso para impulsar experiencias piloto y demostrativas, así como para apuntalar el trabajo de las organizaciones sociales en este campo.

3.1.6. El financiamiento debe contemplar no solamente el costo completo de las obras (que incluye la construcción de la vivienda y las obras de infraestructura necesarias, la adquisición del terreno, el pago de honorarios profesionales, conexiones, impuestos, etc.) sino también el de los subsidios necesarios para hacer posible el acceso de los destinatarios.

3.1.7. El empleo de fondos provenientes del ahorro público y del mercado de capitales deberá estar condicionado a que su costo sea compatible con la finalidad que se persigue. En esas condiciones puede actuar como un fuerte multiplicador de las posibilidades de inversión, volcando esos recursos directamente a la construcción y empleando los recursos a fondo perdido (presupuestales) para subsidiar el costo de aquéllos.

3.1.8. Es importante asimismo la promoción y movilización del ahorro de los sectores de menores recursos, destinatarios prioritarios de las políticas habitacionales –ahorro que aunque aparezca increíble, existe, como lo prueba la autoconstrucción-, no sólo en cuanto contribuye al financiamiento sino a la autoestima de los mismos.

3.1.9. Resulta indispensable, para el cumplimiento de estos objetivos, la creación de Fondos Nacionales de Vivienda o su fortalecimiento en el caso que existan. Ellos deberán nutrirse con recursos a fondo perdido, provenientes básicamente de la tributación.

3.1.10. El manejo de estos recursos debe ser absolutamente transparente, para lo cual en las instancias de decisión sobre su uso es indispensable la presencia de las organizaciones representativas de la sociedad civil y especialmente de los contribuyentes y los destinatarios. Asimismo es clave una organización descentralizada del manejo de los fondos, lo que no solamente permitirá ganar en eficiencia sino también en transparencia, al tomarse las decisiones en niveles más próximos a la gente.

3.1.11. El establecimiento de impuestos y gravámenes con destino a los Fondos de Vivienda debe afectar exclusivamente a los sectores con capacidad contributiva, operando así como un mecanismo de redistribución de la riqueza; para ello constituye una vía idónea la tributación al patrimonio y la renta. En cambio debe evitarse sobrecargar aún más a los sectores de bajos recursos, que son los más directamente afectados cuando la política fiscal se apoya en los impuestos a las remuneraciones y al consumo sin distinciones.

3.1.12. El aporte del sector privado con fines de lucro deberá regularse mediante disposiciones que aseguren que efectivamente contribuye a los objetivos buscados y no termina resultando en nuevas transferencias desde los sectores de menores recursos a quienes concentran la riqueza; para ello deberá establecerse un estricto control de los costos, tanto del dinero como de las construcciones: en el primer caso a través de la regulación estatal y en el segundo, mediante la competencia de precios no solamente entre sí sino con la producción por el “sector social” (autoconstrucción, cooperativas).

3.1.13. Un problema tan complejo como el de la vivienda requiere de herramientas múltiples para su solución, todas las cuales necesitan financiamiento para operar efectivamente. Así, a la construcción (tanto la de vivienda de nueva planta como el reciclaje de edificios antiguos) deben aunarse las operaciones de mejoramiento y complementación del estoc (acceso a los servicios, ampliaciones, mejoramiento de la calidad); recurrir a diferentes formas de producción (autoconstrucción asistida técnicamente, construcción colectiva por ayuda mutua, autogestión, empresas privadas, construcción directa por el Estado); tenencia (propiedad individual, colectiva, arrendamiento, anticresis, usufructo, derecho de uso), así como de acceso a la tierra. Las modalidades de financiamiento deben especializarse y particularizarse de acuerdo a las finalidades específicas.

3.1.14. El financiamiento también puede apuntar a aspectos más puntuales o parciales, como el acceso a la tierra, la adquisición de materiales, el pago del asesoramiento técnico[3] o de la mano de obra, la realización de obras de infraestructura que permitan el acceso a servicios, o el mantenimiento, aspecto fundamental para que las soluciones a las que se pueda llegar continúen siendo soluciones a lo largo del tiempo. También debe incluir la regularización de las situaciones de informalidad existente, dentro de una estrategia de superación de las mismas[4].

3.1.15. El subsidio es la herramienta indispensable que cierra la ecuación entre el costo de las soluciones y la capacidad de pago de los destinatarios. Su otorgamiento debe ser diferenciado, atendiendo a la integración familiar y a que los núcleos de menores recursos afecten proporcionalmente una cantidad menor de sus ingresos al pago de la vivienda, para poder así cubrir también sus restantes necesidades vitales; el subsidio debe ser asimismo transparente, lo cual a veces se confunde con otorgarlo de una sola vez (subsidios de capital), cuando la real transparencia consiste en que efectivamente el subsidio cubra la imposibilidad de pago y no la ineficiencia burocrática del Estado o el lucro de las empresas privadas.

3.1.16. Como se explicó en el punto 3.1., el subsidio de intereses, por su mayor adaptabilidad a las condiciones del deudor y su aporte extendido en el tiempo presenta indudables ventajas con relación al llamado “subsidio habitacional directo” (de capital).

3.1.17. De cualquier manera el financiamiento deberá otorgarse en condiciones de plazos y tasas de interés tales que las cargas financieras sean aceptables y no se transformen en pesados lastres para el deudor. Para ello, de acuerdo a lo que se analizó en 3.1., deben manejarse tasas relativamente bajas y plazos no demasiado extendidos.

3.1.18. Los programas a financiar desde el Estado deben priorizar a los sectores de menores ingresos como forma de optimizar el uso de los recursos. La mejor distribución de éstos será siempre su aplicación directa a las situaciones específicas[5].

3.1.19. La mejor forma de reducir las cantidades requeridas para el subsidio no es reducir los subsidios sino reducir los costos. Para ello debe actuarse con suma prudencia respecto al costo del dinero (lo que descarta la captación a las tasas y plazos del mercado libre y en la moneda que éste imponga) así como controlar severamente el de la construcción, particularmente en los casos en los que ésta es realizada por empresas privadas.

3.1.20. Vehículos importantes para la reducción de costos son también la utilización de la autoconstrucción y la ayuda mutua asistidas técnicamente, la autogestión, la racionalización de proyectos y sistemas constructivos y el empleo de tecnologías adecuadas y materiales locales. En este sentido son indudables los logros obtenidos cuando se conjuntan la ayuda mutua asistida y la autogestión.

3.1.21. Debe asimismo eliminarse todo tipo de gravámenes que pese sobre la construcción de vivienda popular, en particular el correspondiente al Valor Agregado sobre los materiales[6] y las tasas de gestión burocrática, como las que corresponden a los permisos de edificación y conexión a servicios. Todo esto también es financiamiento.

3.1.22. También es financiamiento (ya que una forma de equilibrar la relación necesidad de recursos vs. posibilidades de financiamiento, es reducir la primera) la utilización óptima de lo existente, capítulo dentro del cual entra la regulación del mercado de arrendamientos[7] y la disposición con finalidades sociales de las viviendas desocupadas, tierras baldías, etc. Esto puede conseguirse tanto por medio de estímulos y créditos en el caso en que las dificultades residan en esos aspectos (inversiones para fraccionar tierra o poner en condiciones viviendas para arrendar) como mediante gravámenes, normas o medidas que fuercen a los propietarios a poner a disposición de la sociedad sus bienes ociosos[8].

3.1.23. Y también es financiamiento no gastar recursos en aquello que no es necesario o que no da el mejor resultado posible de esos recursos. Así por ejemplo las inversiones en propietarización (compra de vivienda usada o de la vivienda que arriendan por parte de los inquilinos) pueden contribuir a solucionar situaciones individuales pero en definitiva significan una inversión que no dará más ni mejores viviendas[9].

3.1.24. Igualmente en aras de la transparencia y de evitar la existencia de subsidios ocultos, la moneda con que se otorgan financiamientos a largo plazo debe conservar su valor, lo cual descarta en economías inflacionarias la posibilidad de concederlos en moneda nacional a tasas fijas. De las diferentes soluciones dadas comúnmente a este problema, la única que evita la necesidad de conceder posteriormente nuevos subsidios genéricos es la de vincular la evolución de la deuda y de las prestaciones a la variación de los ingresos de los deudores.

3.1.25. Existen asimismo diferentes soluciones para resolver el problema de las garantías, necesarias para asegurar los reintegros que correspondan. En los casos de financiamiento de la construcción de nuevas unidades la garantía hipotecaria, aún con algunos problemas, se ha revelado como la mejor solución; a su vez, cuando el monto del crédito otorgado no justifica una operación tan engorrosa (como puede ser el caso de los microcréditos para mejoramiento) se puede recurrir a otras soluciones, como la “garantía social” o la responsabilidad personal. En cambio, los mecanismos de descuento automático o afectación del crédito en caso de incumplimiento (“clearing”) pueden llegar a lesionar estrategias de vida que en determinado momento pueden hacerse imprescindibles, como la postergación del cumplimiento de algunas obligaciones para cubrir otras esenciales.

3.1.26. Finalmente, resulta fundamental que en procesos de largo plazo como son los del financiamiento de la vivienda, existan también políticas de largo plazo que fijen reglas claras, seguras y razonablemente permanentes a los diferentes actores. De ahí la necesidad del establecimiento de políticas de Estado en materia de vivienda, a lo que sólo se puede llegar mediante la discusión y el consenso, logrados en el marco de la participación más amplia. En ese escenario toda presencia es importante, pero la de los destinatarios es imprescindible.


3.2. A modo de final.

Llega la hora de responder a la pregunta que formuláramos en la Introducción: sí es posible resolver el problema de la vivienda popular, que de tan viejo va pareciendo parte de la peripecia humana.

La respuesta no puede ser descontextualizada. Porque no es lo mismo contestarla en esta realidad posmoderna y neoliberal de hoy, que en el país posible con el que soñamos.

Así y todo, creemos que la respuesta es, y es para toda nuestra América Latina: sí, se puede. Hacen falta para ello voluntades, decisiones, esfuerzos, con los cuales en este momento no es fácil contar, pero se puede. Porque nada de eso que hace falta es imposible.

Mientras tanto, mientras se unen esas voluntades y esos esfuerzos y se crean las condiciones para tomar esas decisiones, se pueden hacer cosas que ayuden a avanzar en el camino de las transformaciones y que al mismo tiempo permitan mejorar la vida de la gente.

Eso es que lo que nos han enseñado los años oscuros. La construcción paciente, que no quiere decir resignada. La renovada convicción de que hay que cambiarlo todo, pero también la nueva comprensión de que todo se puede cambiar en un relámpago -como en grandes momentos de la historia- pero también día a día. Que los pequeños cambios forman parte de los cambios totales.

Ése es el mensaje. Con relación al cómo, las organizaciones sociales para las que se ha hecho y a las que se dedica este trabajo, conocen más que el autor.

Siguiendo esta línea de pensamiento considero que corresponde a los Movimientos Sociales urbanos de nuestro Continente efectivamente hacer un alto en el camino y evaluar en profundidad lo que esta ola de gobiernos progresistas están dejando como saldo de su accionar.
Invito desde estas páginas a generar en los distintos países debates que nos permitan a todas y todos ver con la mayor objetividad en qué medida nuestro accionar debe de profundizar los cambios por todos ansiados.
Puede ser una buena forma en caso de compartir tanto el manifiesto sobre suelo, como las sugerencias de el Cro Banjamín Nahoum , ver en qué medida algunas de estas medidas se están desarrollando en los países con gobiernos “ progresistas”.

Gustavo González Coordinador del Programa de vivienda del Centro Cooperativo Sueco.

[1] Demás está decir que todo lo aquí se propone está apoyado en el análisis efectuado en el capítulo anterior. No está de más, en cambio, decir que las propuestas giran en torno al tema del financiamiento, aunque en algunos casos no se refieren directamente a él.

[2] Debe tenerse en cuenta que, aún cubriendo una necesidad esencial y con una capacidad muy significativa en la generación de empleo, la inversión en vivienda, contrariamente a lo que sucede con la inversión en plantas o equipos industriales, no es generadora de nueva producción.
[3] Cabe mencionar aquí dos interesantes ideas en la línea de la autoconstrucción asistida, como son la ya citada experiencia del “Arquitecto de la Comunidad”, surgida del arquitecto argentino Rodolfo Livingston pero desarrollada fundamentalmente en Cuba por la ONG “Hábitat” dirigida por la arquitecta cubana Selma Díaz, y la idea nunca puesta en práctica del “Arquitecto de Oficio”, generada en la relación entre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Intendencia Municipal de la capital, Montevideo. En ambos casos se trata de proporcionar al autoconstructor los elementos de asesoramiento técnico necesarios para poder levantar su vivienda de la manera más eficiente.

[4] Mucho se ha discutido sobre si las regularizaciones alientan nuevas irregularidades y por consiguiente en definitiva son perniciosas (y entonces, ¿qué?) o si debe impulsárselas como una forma de integrar los asentamientos informales a la ciudad. En nuestra opinión las regularizaciones son una forma de curar patologías urbanas, y como tal imprescindibles, pero también es imprescindible la medicina preventiva que vaya por delante de la ocupación irregular de tierras: una política de acceso a la tierra urbanizada que permita a la gente crear asentamientos regulares.

[5] Si bien esta afirmación parece obvia, hay quienes sostienen que financiando vivienda para los sectores de ingresos medios y medio-altos (lo que no requeriría subsidio), éstos liberan las que ocupan actualmente, con lo cual se produce una circulación de bienes que termina beneficiando a los sectores de menores recursos, que resultan igualmente destinatarios finales de una unidad. Basta hacer algunas cuentas elementales para constatar que aún siendo indudablemente así, el número de soluciones que llegan a los sectores de menores ingresos por este sistema (de “goteo” o “filtrado”), para una inversión determinada, es mucho menor que si se construye directamente para ellos. Eso sin mencionar que muchas veces las soluciones a las que arribarían por el “goteo” serían inadecuadas o requerirían a su vez inversiones para acondicionarlas.

[6] En muchos países de la región se da el contrasentido que se encarecen los costos de producción de la vivienda popular a través de impuestos o tasas y luego se subsidia. El subsidio necesario aparece así erróneamente magnificado.

[7] Este es un tema muy específico y muy vasto, que no estamos en condiciones de desarrollar aquí. Sin embargo, debe decirse por lo menos que constituye una de las vías más eficaces de solución al problema habitacional, hoy obstaculizada por la aplicación en este terreno de las más crudas políticas neoliberales.

[8] El usucapión (mecanismo por el cual las tierras abandonadas por sus propietarios durante un período determinado pasan a poder de la sociedad o de quien las usufructúe) es tan viejo que la propia palabra es latín casi puro. Sin embargo, mientras la nueva constitución brasileña establece el referido período en sólo cinco años, la legislación uruguaya lo sitúa en treinta, con lo que vuelve el mecanismo casi inoperante.

[9] También a este respecto hay teorías para justificar lo que sirve a determinados sectores, desde los agentes inmobiliarios a los notarios: el argumento en este caso es que el propietario que vende su vivienda recupera su capacidad de inversión y entonces el producido de la venta se traduce en la construcción de una nueva unidad, con lo que indirectamente se obtiene el mismo objetivo. Este razonamiento obvia que también puede traducirse en cualquier otra cosa, dado que el propietario es libre de hacer con el dinero obtenido lo que le plazca.
La cuestión tiene también una segunda lectura, porque la propietarización no sólo es un negocio sino una propuesta ideológica: en este sentido es muy sugestiva la promesa del presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, cuando para establecer su compromiso en 1987, “Año Internacional de los Sin Techo” declarado por Naciones Unidas”, mientras todos sus colegas hablaban de solucionar el problema de la vivienda, se comprometió a hacer a todos los uruguayos propietarios para el año 2000. Las ironías del destino y su propia habilidad política hicieron que para esa fecha Sanguinetti volviera a ser presidente, para recibir el nuevo siglo con más propietarios pero también con más problemas de vivienda.