SUELO Y VIVIENDA

La preocupación de todas y todos los que algo tuvimos o tenemos que ver con la vivienda, nos obliga a intervenir con un ánimo constructivo, para así sumar a la resolución del problema. En nuestro artículo publicado del 6 de abril nos atrevimos a decir que un elemento central por el que debemos comenzar es por el tema del suelo urbano. La Ministra Graciela Muslera en declaraciones a la prensa en la ciudad de Mercedes planteó acertadamente el rol fundamental de las distintas Intendencias en la creación de Carteras de Tierras. En la actualidad, en el ámbito viviendista de América Latina, se está hablando, profundizando y debatiendo mucho acerca del tema “ciudad”. Desde distintos ángulos se está analizando el tema y en general se coloca como un debate de corte progresista.
Bueno es decirlo que el mismo está muy imbuido de análisis que tiene que ver con netos cortes de carácter fundamentalmente académico, falto de profundidad, y en la mayoría de los casos no contemplan la visión de los sectores populares al respecto.
Me preocupa que hablemos de “ciudad inclusiva”, “ciudad democrática”, “ciudad de todas y todos” si no vamos a uno de los ejes centrales que hace a la segregación espacial más brutal de nuestras ciudades, como lo es el problema del suelo urbano.
Allí está el problema central, si no atacamos este tema, lo demás que se hable de la ciudad no son más que ilusiones inalcanzables y podemos caer en el error de llevar a dar una batalla sin ninguna perspectiva real de triunfo.
Los barrios de nuestras ciudades, están formados por el precio del suelo, porque éste se coloca como mercancía y no como un derecho fundamental de todos los terrícolas.
Por lo tanto, la Recoleta o Palermo en Buenos Aires, Carrasco en Montevideo, es decir los barrios, tienen que ver con el tema del suelo urbano y su precio
Por lo tanto es inviable pensar en una “ciudad democrática” si no existe una lucha fundamental por el acceso al suelo como bien de uso y no de cambio.
Y más me preocupa cuando las Naciones Unidas en el Foro Urbano Mundial ( realizado en Rio de Janeiro el pasado mes de marzo) colocan como tema central el llamado “derecho a la ciudad”. Por suerte en el mismo se encontraba la Arq. Raquel Rolnik, Relatora de Naciones Unidas en lo que tiene que ver al derecho a la vivienda y alertó sobre los peligros que encierran hablar del “derecho a la ciudad” en forma abstracta y al margen del problema del suelo y su uso.
Justamente debemos reflexionar y ser muy claros que el llamado “derecho a la ciudad” que no es nuevo, fue precisamente Henry Lefebvre ( sociólogo marxista francés) quien colocó en el debate el tema ya a fines de la década del 60.
Hoy hablar del tema de la ciudad sin hablar del tema suelo urbano, no resiste ningún análisis que tenga una salida positiva al problema.
Nuestra ciudad por ejemplo está claramente dividida por la llamada Avenida Italia, una cosa es Montevideo de Avenida Italia hacia el mar y otra muy distinta es hacia el otro lado del mar, esto cualquier montevideano lo puede observar con mucha claridad.
Muy bien es sobre eso que hay que reflexionar, y tener en cuenta que el desarrollo de las ciudades está en función de los denominados nodos financieros, las ciudades cada día se ven más segmentadas, según cuánto tengas para poder comprar el terreno , será la zona que te permiten habitar.
En función de esto es que me parece muy importante comenzar sin vueltas por el primer problema que es suelo urbano, para ello hay acciones que se pueden poner en práctica en nuestro país. Los Movimientos Sociales urbanos latinoamericanos ya han avanzado en acuerdos y propuestas claves para el problema.
Del último Encuentro realizado en San Salvador en noviembre del 2008, con la participación de más de veinte organizaciones populares urbanas, se formularon algunas sugerencias que a continuación paso a enumerar sucintamente:
- Incluir, en la planificación del desarrollo urbano, criterios para la transformación en urbana de tierra rural no utilizada como tal, en acuerdo con las políticas productivas y el mejoramiento de los servicios correspondientes, en especial el transporte.
- Aceptar el pago de deudas con el Estado mediante dación de inmuebles al Banco de Inmuebles, con el correspondiente control social, para destinarlos a programas de Hábitat popular.
- Traspasar los inmuebles estatales ociosos a la cartera de Tierras, para su utilización en programas de hábitat popular.
- Aplicar políticas tributarias fuertes, como el pago de impuestos progresivos, que desestimulen el abandono de tierras y edificios y que eviten su vacancia; este recurso debe destinarse específicamente a la vivienda u otras obras de interés social.
- Transferir al dominio del Estado, sin indemnización, e incorporar a la cartera de Tierras, los inmuebles privados que no registren uso alguno o carezcan del mantenimiento imprescindible durante un cierto lapso, determinado de acuerdo a la realidad de cada país.
- Implementar procedimientos judiciales de muy corto plazo para acelerar la adquisición del dominio de inmuebles por parte del Estado y de organizaciones sociales (expropiaciones, prescripciones), para usarlos en programas de hábitat popular.
- Establecer en cinco años el plazo para prescribir la propiedad por el que la posee con fines habitacionales en forma pacífica, pública e ininterrumpida, y desburocratizar los procedimientos correspondientes.
- En los casos de compra o expropiación de tierras por el Estado, efectuar el pago en forma diferida y contemplando solamente el valor catastral, excepto en el caso de propietarios de bajos recursos económicos.
- Destinar, en todos los nuevos emprendimientos de vivienda y terrenos urbanizados, un área porcentual obligatoria de suelo adecuado como reserva para vivienda social.
- Reconocer la posesión legítima del suelo como requisito suficiente para la obtención de créditos destinados al mejoramiento habitacional
- Establecer leyes y programas de regularización dominial y urbanística de los asentamientos populares informales y garantizar la regularización gratuita de éstos, priorizando las formas colectivas de propiedad y el mejoramiento y la integración a la ciudad.
Comenzar por darle trámite a las propuestas de las organizaciones sociales de la vivienda sería un extraordinario comienzo para un Plan de Vivienda que efectivamente caracterice a la vivienda como derecho y no como mercancía.
Gustavo González
Publicado el 22 de abril en editorial del diario La República de Uruguay