Brillante artículo que desnuda los reales problemas de la vivienda y la ciudad

Conflicto y choque de derechos ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 08 AGOSTO 2014 ESCRITO POR: BENJAMÍN NAHOUM ( Semanario Brecha Uruguay). Inmuebles abandonados Los municipios B y C corresponden aproximadamente al área de Montevideo comprendida entre el lado norte-sur de bulevar Artigas, la vieja Propios, el arroyo Miguelete y el mar. Allí se encuentra buena parte de los mejores servicios con que cuenta la ciudad (a excepción de los grandes parques, porque es una zona intensamente urbanizada). Sin embargo, un estudio realizado por los arquitectos Gonzalo Bustillo y Mariana Ures, a pedido de la Defensoría del Vecino de Montevideo (por entonces a cargo de Fernando Rodríguez y ahora de Ana Agostino) y de los referidos municipios, revela que allí se encuentran nada menos que 339 inmuebles “visiblemente abandonados”, de los cuales 145 son de “urgente consideración” por encontrarse en situación de “riesgo ostensible”. Solamente estos inmuebles en riesgo reúnen una superficie de siete manzanas y más de 80 mil metros cuadrados construidos, esto es, el equivalente a unas 1.500 viviendas económicas. Aunque el estudio considera únicamente las estimaciones catastrales, seguramente sólo el valor de esos predios alcanza a varias decenas de millones de dólares, a precios de mercado. Algo más de la cuarta parte de esos 145 inmuebles está invadida, con el consiguiente riesgo para sus ocupantes y perjuicios para los vecinos; una quinta parte tiene cuantiosas deudas de tributos municipales, que en su mayoría corresponden a recargos por impagos, y, contrariamente a lo que en general se piensa, sólo uno de cada diez de esos inmuebles es de propiedad pública; los otros nueve son privados, en general propiedad de personas físicas que en muchos casos han muerto sin testar, se han ido del país o están en otras situaciones que le impiden al Estado actuar eficazmente. Estos fueron algunos de los datos más interesantes que aportó el encuentro “Fincas abandonadas. Respuestas interinstitucionales para un fenómeno urbano de afectaciones múltiples”, que, organizado por la Defensoría del Vecino, se desarrolló el pasado 31 de julio en la sede de la Asociación Española de Cooperación (que apoyó el estudio, la publicación del mismo nombre y el evento). Otro elemento de impacto lo constituyó la presentación del trabajo del Grupo Interinstitucional Fincas Abandonadas, integrado actualmente por la Defensoría, la Intendencia de Montevideo, los municipios B y C, los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, y el inau, y con el que han colaborado también muchas instituciones y organismos. Este grupo, creado precisamente para abordar el problema de las fincas abandonadas, después de cinco años de trabajo ha alcanzado como logros importantes un conocimiento acabado de esa realidad y la “solución” de tres casos particularmente complejos: el de la ex mutualista Comaec, en bulevar Artigas y Maldonado; el del esqueleto de edificio de la avenida José P Varela, a espaldas del edificio Libertad, y el del viejo hotel Casino, en Gonzalo Ramírez, a poca distancia del Parque Hotel. Aunque por ahora la solución sólo consiste en que los edificios abandonados y ocupados precariamente han sido desalojados, se ha realojado a las familias que allí vivían, y los inmuebles han vuelto a su anterior condición ociosa, sólo que ahora tapiados y vacíos, o demolidos. La conclusión del grupo fue que el esfuerzo solamente es efectivo si se lo institucionaliza, lo cual requiere amplias potestades para actuar y un presupuesto adecuado para la tarea. En Comaec, por ejemplo, la solución llegó cuando un grupo de vecinos con poder económico se unió para comprar el predio de la ex mutualista, embargado por las deudas que dejó la institución con distintos acreedores, entre ellos sus antiguos trabajadores. Ello permitió pagar parte de esas deudas y abrir la posibilidad de actuar en el predio, algo antes vedado por su condición de propiedad privada, procediéndose de inmediato a la demolición. También ocupó parte importante de la atención del encuentro del 31 de julio la presentación del proyecto de ley que declara la vacancia de los inmuebles abandonados (y por lo tanto su pasaje al patrimonio del Estado o los gobiernos departamentales). Fue presentado en junio de 2012 por los diputados frenteamplistas Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, y declarado por el Ministerio de Vivienda como tema de urgencia para ser aprobado por el Parlamento en esta legislatura, pero aún no consigue completar su tránsito por la Comisión de Constitución y Código de Diputados, donde aterrizó hace dos años y de donde no consigue despegar. El tema de los inmuebles abandonados, sobre el que escribiéramos en Brecha hace cinco años (“Tú abandonas, él interviene, nosotros recuperamos”, 5-IX-08), tiene una particular importancia, habida cuenta de que, a lo señalado respecto a los municipios A y B, se suma en el resto de Montevideo una gran cantidad de inmuebles que podrían prestar servicios a la sociedad y que hoy sólo constituyen obstáculos o acarrean perjuicios. El proyecto de Asti y Guarinoni ha ido sufriendo correcciones y ajustes, a medida que se reciben observaciones y críticas, que tienen que ver sobre todo con las temidas inconstitucionalidades, aunque a veces ocultan una discrepancia filosófica porque el proyecto cuestiona el absolutismo de la propiedad privada. La oposición conservadora aún no ha comenzado a batallar duro, dejando que el trabajo lo hagan por ahora los sectores del Frente Amplio que tienen resistencias conceptuales a la idea, temerosos de ahuyentar los soñados capitales inversores si se pone en cuestión ese absolutismo, o que prefieren no hacer olas en un momento de fragilidad por la proximidad de las elecciones y las incertidumbres sobre su resultado. Quizá el razonamiento debería ser el inverso: aprovechar las actuales mayorías parlamentarias, sabiendo que si, aunque se gane, no se alcanzan mayorías propias, habrá que negociar un acuerdo político o el apoyo al proyecto, lo que siempre implica mediatizar las propuestas. Una disyuntiva que se le abre al Frente no sólo respecto a este tema, pero que en el caso particular puede explicar el ostracismo que está sufriendo la iniciativa referida, cuya justicia y necesidad no se niegan, pero que no termina de nacer. Finalmente, la tentación de terminar esta nota con la cita artiguista con la que encabezábamos la de 2008, cita que muestra cómo ya en el pensamiento de Artigas estaba instalado el concepto de que la propiedad tiene sentido si es en beneficio colectivo y se saca provecho de los bienes, y deja de tenerlo (y pierde entonces su razón) cuando la especulación impone el ocio en vez del uso. “Después de la posesión serán obligados los agraciados por el señor alcalde provincial o demás subalternos a formar un rancho y dos corrales en el término preciso de dos meses, los que cumplidos, si se advierte la misma negligencia, será aquel terreno donado a otro vecino más laborioso y benéfico a la provincia” (reglamento artiguista de tierras de 1815).