Honduras : "ciudades modelo"

Como ya habíamos alertado acerca de este problema socio urbano y político, nos alegra que el Semanario Brecha de Uruguay, haya publicado el siguiente artículo. Honduras . El martes se dio vía libre en Honduras a un proyecto que se manejaba desde hacía un tiempo: el de las “ciudades modelo”. Ese día, en el edificio del parlamento, el consorcio público-privado creado para promoverlas firmó con la empresa estadounidense nkg un convenio para levantar la primera “ciudad modelo” del país. Empresarios surcoreanos ya entregaron al Estado hondureño unos 4 millones de dólares para comenzar los trabajos de construcción, y nkg se comprometió a poner los 15 millones necesarios para las infraestructuras básicas. De no prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia, antes de mediados de 2013 la primera de estas ciudades estaría construida en una de las tres zonas que fueron delimitadas esta semana. El proyecto, como no podía ser de otra manera, tiene sus fuentes de inspiración en Estados Unidos y en un economista. Se trata de un tal Paul Rommer, que lo formuló bajo el nombre de charter cities. Rommer todavía no pudo plasmar su idea en ningún país, y dijo estar feliz de que Honduras, “que tanto necesita de iniciativas que lo saquen del subdesarrollo y creen riqueza y empleo”, sea su laboratorio. Más o menos los mismos términos manejó el martes en Tegucigalpa el presidente de nkg, Michael Strong. “Hoy comenzó el desarrollo de Honduras. Esta va a ser una de las transformaciones más importantes del mundo, con la que Honduras erradicará la pobreza creando miles de empleos”, dijo el empresario. Y también fue en el mismo sentido el presidente del parlamento hondureño, Juan Orlando Hernández, para quien en tres años estos “espacios del futuro” podrían generar “45 mil empleos y enormes riquezas”. Las “ciudades modelo” son en realidad ciudades privadas, especie de zonas francas ampliadas (en el lenguaje oficial se las llama Regiones Especiales de Desarrollo) dotadas de su propio sistema impositivo, su propia policía, su propia política monetaria, sus propias leyes y hasta una política de inmigración que no tiene por qué coincidir con la del Estado central. Quienes las construyan serán inversores privados, que podrán manejarlas como se les antoje. Las únicas prerrogativas que no tendrán los dueños de esos espacios autónomos serán las de defensa, las de relaciones exteriores y la emisión de documentos de identidad. Ni siquiera deberán transferir recursos al Estado central, salvo en caso de catástrofe nacional o de alguna emergencia. El artículo de la Constitución que las autorizó en 2011, tras una reforma especialmente votada para esos efectos, las define como “entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región”. Óscar Ruiz, el ex fiscal de Defensa de la Constitución que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la idea de ciudades modelo ante la Corte de Justicia, no cree en nada de eso. Lo que se está “pergeñando”, dijo, es “una burla más al Estado” de parte de un gobierno “poco interesado en promover los intereses del país y sí los de empresarios privados”. “Se está cediendo a privados parte del territorio nacional y la población adscripta sin ponerles límites ni en el número ni en la extensión”. Frank la Rue, relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, también afirmó no creer en “lo bien fundado de programas de supuesto desarrollo que representen salirse del régimen territorial de un país”. Las ciudades modelo, que “desplazarían poblaciones y pretenden generar un régimen legal distinto y autónomo respecto al Estado, son una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el Estado con la población en su territorio”. El fallo de la Corte Suprema es esperado para las próximas semanas.