Así titulamos al libro que presentaremos con el Cro Benjamín Nahoum el próximo 21 de julio en el Paraninfo de la Universidad ( Montevideo Uruguay).
Se llevará a cabo en la misma un panel donde participarán.
Lucía Etcheverry Directora nacional de Vivienda
Raúl Forné Ex integrante de la Dirección de Fucvam
Raúl Vallés Director de la unidad Permanente de la Facultad de Arquitectura.
Esperamos el libro sea un buen pretexto para seguir debatiendo acerca la vivienda como un Derecho Humano fundamental.
lunes, 18 de julio de 2011
sábado, 9 de julio de 2011
DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO EN CENTROAMERICA
DIA MUNDIAL COCEAVIS
El pasado día mundial del Cooperativismo , sábado 2 de julio y todos los días sucesivos de esa semana se sucedieron intensas actividades y movilizaciones en la mayoría de los países de la región Centroamericana ( Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua , El Salvador) convocadas por COCEAVIS ( Coordinadora Centroamericana Autogestión y Vivienda Solidaria).
La COCEAVIS tiene trazado un esfuerzo de unidad, con propuestas y acciones concretas que estructure una articulación importante entre las organizaciones que luchan por la vivienda en la región.
La evaluación de las actividades desarrolladas es muy positiva, en la medida que sigue conjugando una correcta interpretación de las fuerzas que son capaces de movilizarse en cada una de las distintas realidades nacionales.
Es éste un elemento político fundamental para la consolidación de la unidad en la medida que interpreta con claridad las distintas realidades.
Conciente su Dirección que es una necesidad impostergable verse como Región y no detenerse solamente en encerrarse en su país al margen del mundo, es que básicamente sus actividades pretenden la regionalización.
Un buen ejemplo a seguir en los momentos actuales , donde se hace impostergable la GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE NUESTROS PUEBLOS.
El pasado día mundial del Cooperativismo , sábado 2 de julio y todos los días sucesivos de esa semana se sucedieron intensas actividades y movilizaciones en la mayoría de los países de la región Centroamericana ( Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua , El Salvador) convocadas por COCEAVIS ( Coordinadora Centroamericana Autogestión y Vivienda Solidaria).
La COCEAVIS tiene trazado un esfuerzo de unidad, con propuestas y acciones concretas que estructure una articulación importante entre las organizaciones que luchan por la vivienda en la región.
La evaluación de las actividades desarrolladas es muy positiva, en la medida que sigue conjugando una correcta interpretación de las fuerzas que son capaces de movilizarse en cada una de las distintas realidades nacionales.
Es éste un elemento político fundamental para la consolidación de la unidad en la medida que interpreta con claridad las distintas realidades.
Conciente su Dirección que es una necesidad impostergable verse como Región y no detenerse solamente en encerrarse en su país al margen del mundo, es que básicamente sus actividades pretenden la regionalización.
Un buen ejemplo a seguir en los momentos actuales , donde se hace impostergable la GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE NUESTROS PUEBLOS.
sábado, 2 de julio de 2011
HONDURAS: Sigue la lucha por la vivienda popular, el COHVISOL un ejemplo.
Entendí fundamental dar el espacio del blogg a importante ionforme de los y las compañeras en lucha por vivienda popular Hondureña.
I. El COHVISOL Y SU LUCHA POR LA VIVIENDA SOLIDARIA.
El Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL), es un movimiento social con personalidad jurídica, sin fines de lucro y es parte de la economía social del país. Organizado con el respaldo promocional del ICADE y el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, desde su nacimiento en el 2005 ha dedicado todo su empeño a la organización, institucionalización y desarrollo del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). Este Programa es el resultado de este esfuerzo, y por lo tanto, no es un Programa de gobierno y no tiene bandera política partidista; es, en esencia, un programa nacido de la iniciativa popular que no registra precedente histórico en el país.
En su estrategia operacional el PROVICCSOL es una convergencia de varios actores: la población organizada protagónica en la autogestión del proceso, aporta su mano de obra no calificada y participa en la producción y suministro de materiales locales; al estar organizada en el COHVISOL se constituye en la mejor garantía para la sostenibilidad del Programa; el Estado, que aporta el financiamiento con crédito y subsidio; los Desarrolladores, que por lo general son organizaciones sin fines de lucro, son los responsables de la capacitación de la población y de la dirección técnico-constructiva de los proyectos; las cooperativas de ahorro y crédito, que actúan como intermediarias financieras; la Unidad Técnica del Programa PROVICCSOL, que califica los proyectos, agiliza los procesos de aprobación y desembolsos, supervisa la ejecución de la obra y con ello, el desempeño técnico de los Desarrolladores; los gobiernos locales, que conforme sus posibilidades y la voluntad política de sus ediles, suelen dar un apoyo importante al desarrollo de los proyectos.
En Honduras, por largos años, tener una vivienda digna se le ha negado a la población empobrecida a pesar de ser un derecho consignado en el artículo 178 de la Constitución de la República. El déficit de un millón de viviendas es grave y castiga a la población más vulnerable. La causa de esta injusticia es que los fondos del Estado como los de un sistema llamado RAP, han servido para financiar los grandes proyectos de vivienda comercial de empresarios de la construcción, donde se excluye a los empobrecidos y se captan jugosas ganancias. En el Presupuesto Nacional, año con año, se consignan partidas millonarias para vivienda; sin embargo, esas viviendas nunca llegan a los pobres. Todas son viviendas dirigidas a un mercado al que los pobres nunca podrán acceder. Lo cierto es que ningún empresario de la construcción tiene interés de construir viviendas para familias pobres; y lo más lamentable es que ningún empresario está invirtiendo su propio dinero en la ejecución de sus proyectos. Todos se aprovechan de los fondos públicos y también de los fondos del RAP. Es más, ahora etiquetan sus proyectos con el nombre de “vivienda social”, para recibir subsidios del Estado, con lo que potencian sus ganancias.
El COHVSOL no solo ha denunciado esta injusticia; también ha hecho propuestas. Le presentó al Presidente Manuel Zelaya Rosales el Programa de Vivienda Solidaria que más tarde, por la lucha del mismo Movimiento, fue legalizado mediante Decreto del Consejo de Ministros PCM 39-2006, con el nombre de PROVICCSOL. La lucha por llevarlo a la práctica no ha sido fácil. La oposición de empresarios y políticos corruptos ha sido fuerte. Los grupos de poder representados en BANHPROVI (gestión de Quintanilla) han obstaculizado su marcha. Dada la imposibilidad de obtener financiamiento directo para la construcción por esta vía, logramos el acuerdo de un fideicomiso hasta por 800 millones de lempira para el financiamiento de corto plazo en la etapa constructiva. Por fin, con el Presidente Zelaya se acordó financiar los primeros 10 proyectos. Lamentablemente cuando nos disponíamos a arrancar, ocurrió el golpe de Estado. Con este repudiable hecho todo se paralizó. Micheletti repartió millones de lempiras a personas cercanas a él, metidas en el negocio de la construcción. En la generalidad de los casos, las viviendas que se construyeron están deshabitadas, otras inconclusas, sin cumplir su función social, como es el caso de proyectos de vivienda en Comayagua y otros lugares, lo que da una clara muestra de corrupción y aprovechamiento personal de esos recursos.
II. LA DEFENSA DEL PROVICCSOL DESPUES DE LA DICTADURA MICHELETISTA.
Superadas muchas dudas y después de varias reuniones en Casa Presidencial, el 15 de abril del 2010 el COHVISOL firmó con el Presidente Porfirio Lobo Sosa, los acuerdos siguientes:
• Asegurar la continuidad del PROVICCSOL autorizándose el complemento del financiamiento para la ejecución de los 10 proyectos aprobados en la gestión de Zelaya;
• Crear un subprograma de vivienda digna con fondos no reembolsables, para familias de extrema pobreza y sin ninguna capacidad de pago: campesinos, indígenas, grupos de mujeres, entre otros;
• Hacer efectiva la partida de 300 millones de lempiras consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para el Fideicomiso 2011. En el 2010 esta partida presupuestaria fue congelada.
• Orientar los subsidios a familias empobrecidas, que son las que realmente tienen necesidad.
• Incorporar en la Ley Marco del sector vivienda un capítulo especial sobre la vivienda solidaria.
Ante la situación de incumplimiento de estos acuerdos, con excepción del primero, el COHVISOL con la Red de Desarrolladores de Vivienda Solidaria (REDVISOL), se reunió nuevamente con el mandatario a principios del 2010. El compromiso por honrar su cumplimiento fue ratificado, asumiéndose, además, nuevos acuerdos:
• Facilitar 15 millones de dólares de los fondos ALBA, para impulsar proyectos de vivienda solidaria con 4 grupos vulnerables: indígenas, familias de los bordos de San Pedro Sula, campesinos del MUCA y población damnificada de la Capital.
• Se trabajará en función de aprobar una política nacional de subsidios.
• Se reformará el Decreto PCM 39-2006 a fin de hacerle ajustes y dejar en claro que los subsidios se aprobarán de manera escalonada en relación inversamente proporcional a la capacidad de pago de las familias. Las familias en pobreza extrema tendrán un subsidio especial, que con sus aportes propios, serán suficientes para construir sus viviendas.
De estos tres últimos se cumplió el tercero. Todo lo demás ha quedado en papel mojado. Es más, el gobierno de Lobo Sosa ha integrado un Gabinete de Vivienda y nombrado un Comisionado supuestamente para coordinar el accionar de los actores involucrados en el sector. Si algún resultado se ha obtenido es que el Presidente ha cerrado los espacios en su agenda para no reunirse con el COHVISOL y la dirigencia de la Red de Desarrolladoras. Ni el Gabinete ni el referido Comisionado están contribuyendo a la solución de los problemas del PROVICCSOL.
III. LOS AVANCES DEL PROGRAMA.
A pesar de tantos obstáculos encontrados, el PROVICCSOL ha superado unos y está resolviendo otros, y ha pasado a la etapa de construcción de obra, con 856 viviendas construidas distribuidas en 11 proyectos, con una inversión de 141 millones de lempiras. Este año se está iniciando la ejecución de 8 proyectos más con un número de 1292 viviendas y una inversión proyectada de 303.2 millones de lempiras. Por el lado de la población en extrema pobreza, donde las familias ponen su mano de obra no calificada para la construcción y producción de material local, se han construido 73 viviendas y están en proceso 52 unidades en comunidades indígenas Tolupanes, enclavadas en las montañas de Yoro. Son viviendas dignas de 54 metros cuadrados de construcción y servicios básicos.
Sin embargo, para el COHVISOL y el Programa, tan importante es la vivienda en sí como estos otros resultados:
a) El Programa está causando impactos en el fortalecimiento de la conciencia de autorresponsabilidad y participación ciudadana, ya que no sólo se construyen viviendas de manera participativa y solidaria; es más un Programa de construcción de ciudadanía, formando en el trabajo nuevas conciencias. No es un programa asistencialista, ni tiene carácter comercial, sino que es un verdadero programa de tipo social con modalidad autogestionaria. Es un esfuerzo de varios actores animados por sentimientos humanos y solidarios.
b) El PROVICCSOL es una demostración contundente de que sí es posible resolver la necesidad de vivienda digna de las familias en situación de pobreza.
c) Las viviendas del PROVICCSOL superan en calidad técnica las viviendas de proyectos comerciales; y en lo financiero, después de la cooperación solidaria entre actores, el precio resulta en mucho menos de la mitad de las viviendas comerciales.
IV. LA INDIFERENCIA DEL ACTUAL GOBIERNO SIGUE GOLPEANDO AL PROVICCSOL.
El COHVISOL, por sus éxitos, con un gobierno visionario y comprometido con los sectores populares, debería intensificarse con la energía y nivel de un PROGRAMA NACIONAL, debiéndose potenciar la capacidad de sus actores para masificar la construcción de vivienda nueva e impulsar los mejoramientos, estos últimos, considerando el gran déficit de calidad de vivienda que alcanza el 68%. Pero esta justa valoración está alejada de la voluntad política del actual gobierno. El solo hecho que el Presidente Lobo no se ha dignado en visitar ninguno de los proyectos de vivienda solidaria, dice mucho. ¿Será porque no son proyectos de grandes empresarios de la construcción?
Esta movilización es un reclamo urgente al Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa y al Congreso Nacional, liderado por Juan Orlando Hernández, para abrir un diálogo y darle solución a las siguientes demandas del COHVISOL, que no tienen otra finalidad que impulsar la marcha del Programa de Vivienda Solidaria de cuyos resultados están pendientes miles de familias empobrecidas del país.
Nuestras demandas urgentes, son:
a) Demandamos el desembolso de los 300 millones de lempiras consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República destinados al Fideicomiso del PROVICCSOL. El año pasado se nos congeló este fondo lo que significó un insulto para centenares de familias empobrecidas que carecen de un techo digno. Este año, han pasado 6 meses y el gobierno de Porfirio Lobo Sosa no ha desembolsado ni un centavo. No debe jugarse con el interés de la población excluida de vivienda digna.
b) Demandamos la efectividad de los 15 millones de dólares de fondos ALBA, comprometidos por el Presidente de la República para vivienda digna de familias en extrema pobreza. La gran demanda que se tiene de parte de comunidades indígenas, de las familias de los bordos de San Pedro Sula, familias del MUCA y de otros grupos, no se puede atender porque este fondo no se hace efectivo. El incumplimiento gubernamental responde a intereses que se oponen a que el PROVICCSOL dirija este subprograma. Con el nombramiento del gabinete de vivienda las cosas se han enredado más, precisamente porque sus miembros son parte interesada en desviar esta operación. El Comisionado de Vivienda no hace nada ni resuelve nada. Es una persona que demuestra no tener tiempo para cumplir sus funciones.
c) El COHVISOL demanda del Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Vivienda Solidaria. El Programa se rige por un Decreto emitido por el Ejecutivo sobre el cual se imponen leyes emitidas por el Poder Legislativo como el Decreto 348 de la Ley de BANHPROVI que nos impone cierta normativa. El 7 de octubre del 2010 se le entregó al Presidente del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Vivienda Solidaria. Hasta ahora, ese proyecto está en el olvido. No es prioridad para el señor Orlando Hernández. Con esta Ley estaremos resolviendo los problemas de tierras, financiamiento con crédito y subsidios, fortaleciendo al autogestión en los proyectos de vivienda y evitando atrasos en los trámites de redescuentos por interferencias de otras leyes, favoreciendo a la población en extrema pobreza, solventando la intervención negativa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que obstaculiza la intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito; entre otros.
d) Demandamos una política nacional de subsidios, donde el subsidio estatal sea para familias en situación de pobreza y no para potenciar la ganancia de empresarios de la construcción. El Decreto del PROVICCSOL fue reformado para orientar la aplicación de los subsidios sobre una base escalonada, que favorezca más a las familias con menos capacidad de pago. Nada se ha cumplido. Estos se siguen dando en cantidades fijas y sin ninguna política coherente. En un país tan pequeño como Honduras, el Estado otorga subsidios por BANHPROVI y por la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU) y en cada caso con cantidades diferentes. En BANHPROVI sigue pesando el gran empresario para que le subsidien su clientela con lo que potencia su ganancia; en la DGVU, el parcialismo hacia un programa asistencialista que alimenta el negocio de una fábrica de suministro de materiales, desborda los límites de la tolerancia. Esta situación se mantiene porque BANHPROVI como la DGVU tienen el amparo de una Ley expedida por el Congreso Nacional, frente a la cual, el Decreto del PROVICCSOL pierde fuerza legal.
e) Exigimos que BANHPROVI agilice las operaciones de redescuento. Tenemos proyectos terminados, algunos con tiempo de de tres meses, y las familias no pueden habitar sus viviendas porque esta burocracia sigue retrasando las operaciones. El PROVICCSOL trabaja en base a la DEMANDA, que permite conocer las familias destinatarias desde el inicio de cada Proyecto. ¿Porqué los señores de BANHPROVI no comenzaron los trámites con suficiente anticipación? Las familias pobres siguen pagando alquileres, aparte de esto, se les recargan intereses del préstamo de corto plazo. La negligencia de BANHPROVI es tal que ahora, después de terminados los proyectos, después de todo un proceso de selección y después que la familia trabajó en todo el proceso de construcción colectiva de las viviendas, está descalificando gente. No podemos desconocer que en el retraso en los redescuentos también hay responsabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, que intermedian fondos.
f) Demandamos no más dilatoria con la aprobación del Reglamento del Decreto del PROVICCSOL. El año pasado fue tema de urgencia y parte de los acuerdos con el Presidente Lobo. El Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva Nacional y necesita la firma del Presidente y publicarse en el Diario Oficial. ¿Cómo es posible que la Ministra de Desarrollo social lo esté reteniendo tanto tiempo? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está la autoridad que como Presidenta de la Junta Directiva Nacional le ha delegado el Presidente de la República? ¿Qué fuerzas están obstaculizando la firma y publicación de ese Reglamento?
g) Demandamos autonomía administrativa del PROVICCSOL y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la Unidad Técnica. De manera impositiva la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia de la República ha centralizado la administración del Programa. El Programa tiene su Junta Directiva Nacional, su presupuesto y su Director Ejecutivo; sin embargo, el Director nada puede hacer si no pasa por la decisión burocrática de este ministerio. De esta manera se mantiene un hostigamiento al personal de la Unidad Técnica del Programa, seguramente con idea de provocar su retiro y abrir espacios para satisfacer el clientelismo político. El COHVISOL reclama autonomía administrativa del Programa como también exige respeto a la dignidad y estabilidad del personal.
¡Por el derecho constitucional a tener una vivienda digna!
UNIDOS, ¡VENCEREMOS!
¡JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL COHVISOL!
Leónidas Avila Chávez María del Carmen Velásquez
Presidente Vice Presidenta
Manuel Rolando Rivera Lesbia Suyapa Sierra Corrales
Secretario de Actas Secretaria de finanzas.
Modesto Herrera Sánchez Kenia Olimpia Barahona
Secretario de Organización Secretaria de Comunicaciones
José Víctor Bonilla Santos Ríos
Secretario de Asuntos Legales Secretario de Tierras
Leodán Oswaldo Hernández Ramón Machado Padilla
Secretario de Educación Vocal I
Gladys Liliana Díaz Figueroa Santos Núñez Amaya
Vocal II Vocal III
Saulo Genaro Suazo
Vocal IV
I. El COHVISOL Y SU LUCHA POR LA VIVIENDA SOLIDARIA.
El Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL), es un movimiento social con personalidad jurídica, sin fines de lucro y es parte de la economía social del país. Organizado con el respaldo promocional del ICADE y el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, desde su nacimiento en el 2005 ha dedicado todo su empeño a la organización, institucionalización y desarrollo del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). Este Programa es el resultado de este esfuerzo, y por lo tanto, no es un Programa de gobierno y no tiene bandera política partidista; es, en esencia, un programa nacido de la iniciativa popular que no registra precedente histórico en el país.
En su estrategia operacional el PROVICCSOL es una convergencia de varios actores: la población organizada protagónica en la autogestión del proceso, aporta su mano de obra no calificada y participa en la producción y suministro de materiales locales; al estar organizada en el COHVISOL se constituye en la mejor garantía para la sostenibilidad del Programa; el Estado, que aporta el financiamiento con crédito y subsidio; los Desarrolladores, que por lo general son organizaciones sin fines de lucro, son los responsables de la capacitación de la población y de la dirección técnico-constructiva de los proyectos; las cooperativas de ahorro y crédito, que actúan como intermediarias financieras; la Unidad Técnica del Programa PROVICCSOL, que califica los proyectos, agiliza los procesos de aprobación y desembolsos, supervisa la ejecución de la obra y con ello, el desempeño técnico de los Desarrolladores; los gobiernos locales, que conforme sus posibilidades y la voluntad política de sus ediles, suelen dar un apoyo importante al desarrollo de los proyectos.
En Honduras, por largos años, tener una vivienda digna se le ha negado a la población empobrecida a pesar de ser un derecho consignado en el artículo 178 de la Constitución de la República. El déficit de un millón de viviendas es grave y castiga a la población más vulnerable. La causa de esta injusticia es que los fondos del Estado como los de un sistema llamado RAP, han servido para financiar los grandes proyectos de vivienda comercial de empresarios de la construcción, donde se excluye a los empobrecidos y se captan jugosas ganancias. En el Presupuesto Nacional, año con año, se consignan partidas millonarias para vivienda; sin embargo, esas viviendas nunca llegan a los pobres. Todas son viviendas dirigidas a un mercado al que los pobres nunca podrán acceder. Lo cierto es que ningún empresario de la construcción tiene interés de construir viviendas para familias pobres; y lo más lamentable es que ningún empresario está invirtiendo su propio dinero en la ejecución de sus proyectos. Todos se aprovechan de los fondos públicos y también de los fondos del RAP. Es más, ahora etiquetan sus proyectos con el nombre de “vivienda social”, para recibir subsidios del Estado, con lo que potencian sus ganancias.
El COHVSOL no solo ha denunciado esta injusticia; también ha hecho propuestas. Le presentó al Presidente Manuel Zelaya Rosales el Programa de Vivienda Solidaria que más tarde, por la lucha del mismo Movimiento, fue legalizado mediante Decreto del Consejo de Ministros PCM 39-2006, con el nombre de PROVICCSOL. La lucha por llevarlo a la práctica no ha sido fácil. La oposición de empresarios y políticos corruptos ha sido fuerte. Los grupos de poder representados en BANHPROVI (gestión de Quintanilla) han obstaculizado su marcha. Dada la imposibilidad de obtener financiamiento directo para la construcción por esta vía, logramos el acuerdo de un fideicomiso hasta por 800 millones de lempira para el financiamiento de corto plazo en la etapa constructiva. Por fin, con el Presidente Zelaya se acordó financiar los primeros 10 proyectos. Lamentablemente cuando nos disponíamos a arrancar, ocurrió el golpe de Estado. Con este repudiable hecho todo se paralizó. Micheletti repartió millones de lempiras a personas cercanas a él, metidas en el negocio de la construcción. En la generalidad de los casos, las viviendas que se construyeron están deshabitadas, otras inconclusas, sin cumplir su función social, como es el caso de proyectos de vivienda en Comayagua y otros lugares, lo que da una clara muestra de corrupción y aprovechamiento personal de esos recursos.
II. LA DEFENSA DEL PROVICCSOL DESPUES DE LA DICTADURA MICHELETISTA.
Superadas muchas dudas y después de varias reuniones en Casa Presidencial, el 15 de abril del 2010 el COHVISOL firmó con el Presidente Porfirio Lobo Sosa, los acuerdos siguientes:
• Asegurar la continuidad del PROVICCSOL autorizándose el complemento del financiamiento para la ejecución de los 10 proyectos aprobados en la gestión de Zelaya;
• Crear un subprograma de vivienda digna con fondos no reembolsables, para familias de extrema pobreza y sin ninguna capacidad de pago: campesinos, indígenas, grupos de mujeres, entre otros;
• Hacer efectiva la partida de 300 millones de lempiras consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para el Fideicomiso 2011. En el 2010 esta partida presupuestaria fue congelada.
• Orientar los subsidios a familias empobrecidas, que son las que realmente tienen necesidad.
• Incorporar en la Ley Marco del sector vivienda un capítulo especial sobre la vivienda solidaria.
Ante la situación de incumplimiento de estos acuerdos, con excepción del primero, el COHVISOL con la Red de Desarrolladores de Vivienda Solidaria (REDVISOL), se reunió nuevamente con el mandatario a principios del 2010. El compromiso por honrar su cumplimiento fue ratificado, asumiéndose, además, nuevos acuerdos:
• Facilitar 15 millones de dólares de los fondos ALBA, para impulsar proyectos de vivienda solidaria con 4 grupos vulnerables: indígenas, familias de los bordos de San Pedro Sula, campesinos del MUCA y población damnificada de la Capital.
• Se trabajará en función de aprobar una política nacional de subsidios.
• Se reformará el Decreto PCM 39-2006 a fin de hacerle ajustes y dejar en claro que los subsidios se aprobarán de manera escalonada en relación inversamente proporcional a la capacidad de pago de las familias. Las familias en pobreza extrema tendrán un subsidio especial, que con sus aportes propios, serán suficientes para construir sus viviendas.
De estos tres últimos se cumplió el tercero. Todo lo demás ha quedado en papel mojado. Es más, el gobierno de Lobo Sosa ha integrado un Gabinete de Vivienda y nombrado un Comisionado supuestamente para coordinar el accionar de los actores involucrados en el sector. Si algún resultado se ha obtenido es que el Presidente ha cerrado los espacios en su agenda para no reunirse con el COHVISOL y la dirigencia de la Red de Desarrolladoras. Ni el Gabinete ni el referido Comisionado están contribuyendo a la solución de los problemas del PROVICCSOL.
III. LOS AVANCES DEL PROGRAMA.
A pesar de tantos obstáculos encontrados, el PROVICCSOL ha superado unos y está resolviendo otros, y ha pasado a la etapa de construcción de obra, con 856 viviendas construidas distribuidas en 11 proyectos, con una inversión de 141 millones de lempiras. Este año se está iniciando la ejecución de 8 proyectos más con un número de 1292 viviendas y una inversión proyectada de 303.2 millones de lempiras. Por el lado de la población en extrema pobreza, donde las familias ponen su mano de obra no calificada para la construcción y producción de material local, se han construido 73 viviendas y están en proceso 52 unidades en comunidades indígenas Tolupanes, enclavadas en las montañas de Yoro. Son viviendas dignas de 54 metros cuadrados de construcción y servicios básicos.
Sin embargo, para el COHVISOL y el Programa, tan importante es la vivienda en sí como estos otros resultados:
a) El Programa está causando impactos en el fortalecimiento de la conciencia de autorresponsabilidad y participación ciudadana, ya que no sólo se construyen viviendas de manera participativa y solidaria; es más un Programa de construcción de ciudadanía, formando en el trabajo nuevas conciencias. No es un programa asistencialista, ni tiene carácter comercial, sino que es un verdadero programa de tipo social con modalidad autogestionaria. Es un esfuerzo de varios actores animados por sentimientos humanos y solidarios.
b) El PROVICCSOL es una demostración contundente de que sí es posible resolver la necesidad de vivienda digna de las familias en situación de pobreza.
c) Las viviendas del PROVICCSOL superan en calidad técnica las viviendas de proyectos comerciales; y en lo financiero, después de la cooperación solidaria entre actores, el precio resulta en mucho menos de la mitad de las viviendas comerciales.
IV. LA INDIFERENCIA DEL ACTUAL GOBIERNO SIGUE GOLPEANDO AL PROVICCSOL.
El COHVISOL, por sus éxitos, con un gobierno visionario y comprometido con los sectores populares, debería intensificarse con la energía y nivel de un PROGRAMA NACIONAL, debiéndose potenciar la capacidad de sus actores para masificar la construcción de vivienda nueva e impulsar los mejoramientos, estos últimos, considerando el gran déficit de calidad de vivienda que alcanza el 68%. Pero esta justa valoración está alejada de la voluntad política del actual gobierno. El solo hecho que el Presidente Lobo no se ha dignado en visitar ninguno de los proyectos de vivienda solidaria, dice mucho. ¿Será porque no son proyectos de grandes empresarios de la construcción?
Esta movilización es un reclamo urgente al Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa y al Congreso Nacional, liderado por Juan Orlando Hernández, para abrir un diálogo y darle solución a las siguientes demandas del COHVISOL, que no tienen otra finalidad que impulsar la marcha del Programa de Vivienda Solidaria de cuyos resultados están pendientes miles de familias empobrecidas del país.
Nuestras demandas urgentes, son:
a) Demandamos el desembolso de los 300 millones de lempiras consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República destinados al Fideicomiso del PROVICCSOL. El año pasado se nos congeló este fondo lo que significó un insulto para centenares de familias empobrecidas que carecen de un techo digno. Este año, han pasado 6 meses y el gobierno de Porfirio Lobo Sosa no ha desembolsado ni un centavo. No debe jugarse con el interés de la población excluida de vivienda digna.
b) Demandamos la efectividad de los 15 millones de dólares de fondos ALBA, comprometidos por el Presidente de la República para vivienda digna de familias en extrema pobreza. La gran demanda que se tiene de parte de comunidades indígenas, de las familias de los bordos de San Pedro Sula, familias del MUCA y de otros grupos, no se puede atender porque este fondo no se hace efectivo. El incumplimiento gubernamental responde a intereses que se oponen a que el PROVICCSOL dirija este subprograma. Con el nombramiento del gabinete de vivienda las cosas se han enredado más, precisamente porque sus miembros son parte interesada en desviar esta operación. El Comisionado de Vivienda no hace nada ni resuelve nada. Es una persona que demuestra no tener tiempo para cumplir sus funciones.
c) El COHVISOL demanda del Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Vivienda Solidaria. El Programa se rige por un Decreto emitido por el Ejecutivo sobre el cual se imponen leyes emitidas por el Poder Legislativo como el Decreto 348 de la Ley de BANHPROVI que nos impone cierta normativa. El 7 de octubre del 2010 se le entregó al Presidente del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Vivienda Solidaria. Hasta ahora, ese proyecto está en el olvido. No es prioridad para el señor Orlando Hernández. Con esta Ley estaremos resolviendo los problemas de tierras, financiamiento con crédito y subsidios, fortaleciendo al autogestión en los proyectos de vivienda y evitando atrasos en los trámites de redescuentos por interferencias de otras leyes, favoreciendo a la población en extrema pobreza, solventando la intervención negativa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que obstaculiza la intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito; entre otros.
d) Demandamos una política nacional de subsidios, donde el subsidio estatal sea para familias en situación de pobreza y no para potenciar la ganancia de empresarios de la construcción. El Decreto del PROVICCSOL fue reformado para orientar la aplicación de los subsidios sobre una base escalonada, que favorezca más a las familias con menos capacidad de pago. Nada se ha cumplido. Estos se siguen dando en cantidades fijas y sin ninguna política coherente. En un país tan pequeño como Honduras, el Estado otorga subsidios por BANHPROVI y por la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU) y en cada caso con cantidades diferentes. En BANHPROVI sigue pesando el gran empresario para que le subsidien su clientela con lo que potencia su ganancia; en la DGVU, el parcialismo hacia un programa asistencialista que alimenta el negocio de una fábrica de suministro de materiales, desborda los límites de la tolerancia. Esta situación se mantiene porque BANHPROVI como la DGVU tienen el amparo de una Ley expedida por el Congreso Nacional, frente a la cual, el Decreto del PROVICCSOL pierde fuerza legal.
e) Exigimos que BANHPROVI agilice las operaciones de redescuento. Tenemos proyectos terminados, algunos con tiempo de de tres meses, y las familias no pueden habitar sus viviendas porque esta burocracia sigue retrasando las operaciones. El PROVICCSOL trabaja en base a la DEMANDA, que permite conocer las familias destinatarias desde el inicio de cada Proyecto. ¿Porqué los señores de BANHPROVI no comenzaron los trámites con suficiente anticipación? Las familias pobres siguen pagando alquileres, aparte de esto, se les recargan intereses del préstamo de corto plazo. La negligencia de BANHPROVI es tal que ahora, después de terminados los proyectos, después de todo un proceso de selección y después que la familia trabajó en todo el proceso de construcción colectiva de las viviendas, está descalificando gente. No podemos desconocer que en el retraso en los redescuentos también hay responsabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, que intermedian fondos.
f) Demandamos no más dilatoria con la aprobación del Reglamento del Decreto del PROVICCSOL. El año pasado fue tema de urgencia y parte de los acuerdos con el Presidente Lobo. El Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva Nacional y necesita la firma del Presidente y publicarse en el Diario Oficial. ¿Cómo es posible que la Ministra de Desarrollo social lo esté reteniendo tanto tiempo? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está la autoridad que como Presidenta de la Junta Directiva Nacional le ha delegado el Presidente de la República? ¿Qué fuerzas están obstaculizando la firma y publicación de ese Reglamento?
g) Demandamos autonomía administrativa del PROVICCSOL y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la Unidad Técnica. De manera impositiva la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia de la República ha centralizado la administración del Programa. El Programa tiene su Junta Directiva Nacional, su presupuesto y su Director Ejecutivo; sin embargo, el Director nada puede hacer si no pasa por la decisión burocrática de este ministerio. De esta manera se mantiene un hostigamiento al personal de la Unidad Técnica del Programa, seguramente con idea de provocar su retiro y abrir espacios para satisfacer el clientelismo político. El COHVISOL reclama autonomía administrativa del Programa como también exige respeto a la dignidad y estabilidad del personal.
¡Por el derecho constitucional a tener una vivienda digna!
UNIDOS, ¡VENCEREMOS!
¡JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL COHVISOL!
Leónidas Avila Chávez María del Carmen Velásquez
Presidente Vice Presidenta
Manuel Rolando Rivera Lesbia Suyapa Sierra Corrales
Secretario de Actas Secretaria de finanzas.
Modesto Herrera Sánchez Kenia Olimpia Barahona
Secretario de Organización Secretaria de Comunicaciones
José Víctor Bonilla Santos Ríos
Secretario de Asuntos Legales Secretario de Tierras
Leodán Oswaldo Hernández Ramón Machado Padilla
Secretario de Educación Vocal I
Gladys Liliana Díaz Figueroa Santos Núñez Amaya
Vocal II Vocal III
Saulo Genaro Suazo
Vocal IV
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