Increiblemente poco se sabe de lo que está sucediendo en Grecia,es obvio que no es bueno informar la impresionante huelga general realizada por los trabajadores y trabajadoras griegas contra el paquete económico decretado por el gobierno.Pero esto no para acá, España, Portugal,Irlanda entre otros estan al borde del abismo económico.El euro tambalea y toda Europa tiembla al paso de los trabajadores contra los ajustes de la brutal crisis capitalista.
Y en nuestra región no demorará lamentablemente en profundizarse el desastre.Plantear que nuestros países de clara economía dependiente que están "blindados" , plantearlo así en el mejor de los casos es una ilusión, en el real una mentira.Los trabajadores euroeos están resistiendo a la crisis y no es casualidad que el Clarín de Buenos Aires en un artículo informe que la consigna central de la huelga general en Grecia era "que la crisis la paguen los ricos"
miércoles, 24 de febrero de 2010
miércoles, 17 de febrero de 2010
SIN PRESUPUESTOS NACIONALES.¿ VIVIENDA?
Hablar de vivienda para los sectores populares sin afectar el presupuesto nacional, es absolutamente inviable.Entendiendo que los distintos préstamos de los organismos multilaterales siempre vienen condicionados, de lo que se trata es que de una vez por todas hay que poner la vivienda en el presupuesto nacional.Un derecho humano fundamental como éste, no puede considerarse por ningún gobierno sin afectar el presupuesto.Se trata de efectivamente atacar un problema de grandes dimensiones.Cómo puede proyectar un gobierno un plan de acción nacional sin presupuesto??????.La voluntad, las buenas intenciones son muy loables, pero absolutamente inviables si es que se quiere encarar el problema seriamente.La liquidación de la financiación estatal fue uno de los objetivos políticos del modelo neoliberal, aquellos que piensen que se puede resolver el problema sin financiación estatal, no solo que está equivocado, sino que colabora con más de lo mismo.
Los Movimientos Sociales urbanos deben de dar una lucha consecuente, para que efectivamente en todos los presupuestos nacionales sea contemplado el tema vivienda.
Los Movimientos Sociales urbanos deben de dar una lucha consecuente, para que efectivamente en todos los presupuestos nacionales sea contemplado el tema vivienda.
viernes, 5 de febrero de 2010
La Carpio ( Costa Rica)
LA CARPIO
Suiza Centroamericana
esto le hicieron creer
a los hermanos ticos
allí , donde quieren y desean
el sueño americano
allí donde al ver montañas y parques
se inspiran igualmente los poetas
allí donde el turista
disfruta de los bellos parques
y gasta y malgasta
sus dólares gringos
allí nació La Carpio
los "poderosos"
le dan la espalda
no la sienten ni hija, ni hermana
en ella no hay nada de Suiza
y menos de sueño americano
a ella la parieron
los emigrantes, Nicas,
los pobres indocumentados
los mojados , despreciados
la Carpio
tiene sed
tiene hambre
ni un dólar
tiene La Carpio
pero aún así
la Carpio, vibra y canta
al escuchar el trovar
de los Mejías
aún pobre
regala caramelos
cuando todos los años
festeja la gritería de María.
y se juntan y festejan
sin importar donde nacieron
porque todas y todos
sean Ticos o Nicas
son hijos de la Carpio
Dedicado a las y los Nicas y Ticos que construyeron esta ciudad oculta.
Suiza Centroamericana
esto le hicieron creer
a los hermanos ticos
allí , donde quieren y desean
el sueño americano
allí donde al ver montañas y parques
se inspiran igualmente los poetas
allí donde el turista
disfruta de los bellos parques
y gasta y malgasta
sus dólares gringos
allí nació La Carpio
los "poderosos"
le dan la espalda
no la sienten ni hija, ni hermana
en ella no hay nada de Suiza
y menos de sueño americano
a ella la parieron
los emigrantes, Nicas,
los pobres indocumentados
los mojados , despreciados
la Carpio
tiene sed
tiene hambre
ni un dólar
tiene La Carpio
pero aún así
la Carpio, vibra y canta
al escuchar el trovar
de los Mejías
aún pobre
regala caramelos
cuando todos los años
festeja la gritería de María.
y se juntan y festejan
sin importar donde nacieron
porque todas y todos
sean Ticos o Nicas
son hijos de la Carpio
Dedicado a las y los Nicas y Ticos que construyeron esta ciudad oculta.
El Desafío Autogestionario
COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO, UNA EMPRESA DISTINTA
Hombres y mujeres que teníamos en general, antes de ser integrantes de la Cooperativa, una vida económicamente dependiente de alguna empresa o Institución, pasamos a ser nosotros mismos empresarios de esta “utopía” urbanística.
Esto genera un cambio en la vida de cada uno de nosotros, nos sometemos, a partir de nuestro ingreso a la Cooperativa de vivienda de ayuda mutua y de aquí en más, al impresionante desafío de ser los constructores de nuestro futuro. Comenzamos a tener contacto con disciplinas tales como, economía, legislación, sociología, arquitectura, urbanismo. Nuestras cabezas se “abren” comenzamos a ver las cosas en forma diferente. En pocas palabras, nos sumergimos en una actividad multidisciplinaria que hará posible el mejor funcionamiento de la nueva empresa.
La transformación individual y colectiva hace posible, lo distinto, lo nuevo, lo apasionante de entender que juntos somos más.
Esta es la base fundamental del triunfo del Cooperativismo Autogestionario, para resumir, si cambia la cabeza, cambia todo, si no cambia, nada cambia.
Del yo, pasar al nosotros, es el gran desafío.
Hombres y mujeres que teníamos en general, antes de ser integrantes de la Cooperativa, una vida económicamente dependiente de alguna empresa o Institución, pasamos a ser nosotros mismos empresarios de esta “utopía” urbanística.
Esto genera un cambio en la vida de cada uno de nosotros, nos sometemos, a partir de nuestro ingreso a la Cooperativa de vivienda de ayuda mutua y de aquí en más, al impresionante desafío de ser los constructores de nuestro futuro. Comenzamos a tener contacto con disciplinas tales como, economía, legislación, sociología, arquitectura, urbanismo. Nuestras cabezas se “abren” comenzamos a ver las cosas en forma diferente. En pocas palabras, nos sumergimos en una actividad multidisciplinaria que hará posible el mejor funcionamiento de la nueva empresa.
La transformación individual y colectiva hace posible, lo distinto, lo nuevo, lo apasionante de entender que juntos somos más.
Esta es la base fundamental del triunfo del Cooperativismo Autogestionario, para resumir, si cambia la cabeza, cambia todo, si no cambia, nada cambia.
Del yo, pasar al nosotros, es el gran desafío.
El Derecho a la Vivienda
Veo la necesidad de compartir con los lectores del blogg, este importante documento que permitió en el mes de noviembre del 2009 que varias organizaciones sociales urbanas de la Región discutieran acerca de la importancia de los marcos legales para la vivienda.
-“Sí, existe… pero no se aplica”
1. Introducción
Entre 2007 y 2008, un conjunto de organizaciones sociales y de ONGs de promoción y desarrollo, de Centro y Sud América, con el apoyo del Programa de Vivienda y Hábitat del Centro Cooperativo Sueco para América Latina, realizó un intenso proceso de discusión y elaboración sobre la problemática del suelo, considerado como parte sustancial de la cuestión de la vivienda popular en la región. De ese trabajo surgió, a fines de 2008, el Manifiesto de San Salvador, aprobado por las organizaciones sociales participantes, que propone veintiocho medidas para solucionar el problema del acceso al suelo urbanizado de los sectores populares de esos países.
En el transcurso de esos intercambios se visualizó la importancia de llevar a cabo un proceso similar con otros aspectos del tema vivienda popular, y entre ellos se dio especial importancia a la cuestión del marco legal. Este documento es una contribución a ese nuevo esfuerzo.
Se trata de un primer borrador, con vocación de ser modificado y enriquecido, que procura inicialmente formular un sintético diagnóstico de situación para posteriormente, sobre esa base, realizar un conjunto de propuestas, con la idea que puedan ser tomadas como tales por las organizaciones sociales de todos los países participantes y aún de los demás de la región.
El diagnóstico se ha realizado sobre la base de la información proporcionada por los diferentes países, especialmente de las respuestas a un formulario común que todos respondieron. En Anexos se adjuntan esas respuestas, ordenadas por grandes temas y por preguntas, así como un cuadro esquemático que establece la proporción con que cada una de las diferentes situaciones se presenta en el conjunto del universo estudiado.
2. Un sintético diagnóstico
i. Consagración del derecho a la vivienda y el hábitat
El primer bloque de cuestiones que se analizó en la encuesta tiene que ver con el marco normativo, y se integra por diez preguntas relacionadas con la forma en que el derecho a la vivienda y el hábitat está consagrado en la legislación de cada uno de los países.
Las primeras preguntas tienen relación con el marco general y las siguientes van particularizando los aspectos considerados. Así también las respuestas van pasando de lo afirmativo a lo dudoso y de lo dudoso a lo negativo, a medida que se avanza en el diagnóstico: por ejemplo, casi todos los países han consagrado en sus constituciones el derecho a la vivienda y el hábitat, muchos lo han reglamentado incluso mediante leyes y decretos, y casi todos establecen la obligación del Estado de hacer efectivo ese derecho; pero en muy pocos existen planes concretos para materializarlo, sólo en uno se procura evitar el desarraigo de los pobladores y en ninguno la vivienda única y permanente es inalienable.
Esto muestra claramente uno de los aspectos centrales del problema en su faz jurídica: existen declaraciones generales, hay un sensible progreso en el derecho escrito, pero eso se transparenta muy poco en el derecho real, en la medida que esas declaraciones no tienen un correlato efectivo en políticas y planes que hagan que lo que la Constitución y la ley dice que hay que hacer, se haga.
Por ello, éste debería ser el núcleo fundamental de las propuestas.
ii. Institucionalidad y gestión
En el rubro “Institucionalidad y gestión” la situación, aún la formal, es menos complaciente que en el ítem anterior. Así, salvo en uno de los países, el tema de la vivienda y el hábitat no está regido por un organismo de la máxima jerarquía administrativa, sino por uno de segundo o tercer nivel, aunque en todos ellos existe una entidad responsable. Ello da, por sí sólo, una idea de la importancia que los gobiernos atribuyen a esta temática.
Por otra parte, en casi ninguno de los países analizados existe planificación en materia de políticas de vivienda y en casi todos esas políticas cambian con los gobiernos y aún cuando cambian los responsables dentro de un mismo gobierno; asimismo, salvo excepciones, el tema de la vivienda y el hábitat se maneja en forma centralizada, lejos del alcance y el conocimiento de las necesidades de la población y con escasa o nula participación de los gobiernos locales. A su vez, la legislación sobre arrendamientos (ese camino tan propicio para mucha gente para acceder a la vivienda) es libremercadista y protege al propietario antes que al inquilino.
Esto refuerza la conclusión del punto i.): una instrumentación débil, sin permanencia y verticalista, hace que la posibilidad real del ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda se aleje más y más de lo que los políticos declaran en sus solemnes reuniones y lo que los pueblos conquistan a través de las constituciones y las leyes.
iii. Financiamiento y recursos
Si sin recursos, sólo hay discursos, lo que sucede en este campo es una medida ajustada de la correspondencia entre los enunciados y la realidad, entre lo que los gobiernos dicen buscar y lo que efectivamente hacen.
Así, en pocos países de la región existe un sistema de financiamiento universal y dotado de recursos específicos y permanentes para el acceso a la vivienda, con un Fondo de Vivienda con dineros propios y no sujetos a los avatares macroeconómicos.
En pocos casos, también, se contempla adecuadamente el financiamiento de los autoconstructores y de los grupos organizados, y el sistema de garantías para los créditos, casi unánimemente hipotecario, y que por ello exige la formalidad de la propiedad, carece de la plasticidad necesaria para contemplar situaciones muy diversas.
La dotación de vivienda social es asimismo dificultada por el hecho que en la mayoría de los países analizados, la producción y el acceso están gravados con impuestos y que no siempre existen mecanismos adecuados de mantenimiento del valor de los créditos que, protegiendo el valor del capital prestado, no comprometan para su pago el futuro de los destinatarios.
Por otra parte, en ninguno de los países estudiados la utilización del estoc existente es objeto de un marco legal apropiado ni de un financiamiento que contemple sus características ni hay -o es débil- un tratamiento que facilite la recuperación y renovación de las zonas centrales de las ciudades, en particular de las históricas.
Aspectos positivos son, en cambio, que en la mayoría de los casos los sistemas de financiamiento abarcan no solamente la producción de vivienda nueva sino también el mejoramiento y complementación; el mantenimiento, y el acceso a la vivienda, y que, salvo en un país, en todos los demás existen tributos sobre la propiedad inmueble, lo que es no sólo una fuente de ingresos para el Estado sino también una herramienta para evitar la acaparamiento y mal o no uso del suelo urbanizado. Asimismo el subsidio, herramienta indispensable en el financiamiento de la vivienda popular, se usa en forma generalizada aunque no siempre adecuada.
iv. Acceso al Suelo
Con relación al acceso al suelo, piedra de toque del acceso a la vivienda, los indicadores tampoco son en general favorables. Salvo dos países, en ningún otro existen Bancos o Carteras de Tierras Urbanizadas de propiedad estatal que permitan que los sectores populares accedan a las mismas. Y aún en esos dos países, en uno la Cartera es de reciente creación y aún no ha sido implementada, y en el otro formalmente existen Carteras pero la falta de recursos las hace muy vulnerables. En consecuencia, el acceso a la tierra de los sectores populares tiene en los hechos solamente la vía del mercado.
Por otra parte, el abandono de inmuebles o su ocio a la espera del engorde, comúnmente no se penalizan (y mucho menos generan su vuelta a la sociedad), y como consecuencia de ello se mantiene ociosa parte importante del estoc de tierra urbanizada disponible (en general: urbanizada por la sociedad); las propiedades ociosas del Estado tampoco son utilizadas con fines sociales, con lo cual aquél se convierte en un propietario abandónico más.
Asimismo, el acceso al suelo normalmente no está financiado (salvo como parte de programas de construcción de vivienda) lo que pone un serio obstáculo a los esfuerzos de los autoconstructores y, aunque hay excepciones, no están desarrolladas suficientemente las formas de tenencia del suelo diferentes de la propiedad privada individual (como la propiedad colectiva, el derecho de uso o de superficie, etc.), soluciones que se adaptan mejor a muchas situaciones que el camino único de la propiedad privada individual no contempla.
Entre los aspectos positivos en este rubro hay que mencionar que los asentamientos irregulares (resultado, entre otras causas principalísimas, de la falta de políticas de acceso al suelo) son en general motivo de preocupación, aunque no siempre se cuente con el marco jurídico adecuado para actuar en dicho campo, y que en todos los países analizados existe una legislación expropiatoria que puede permitir al Estado hacerse de la tierra urbanizada necesaria por esa vía.
v. Participación de la sociedad organizada y PSH
Respecto a la participación de la sociedad organizada en la definición de las políticas y la ejecución de los programas de vivienda y hábitat, y al papel en las mismas de la Producción Social del Hábitat (PSH), en general en los países analizados esa participación es escasa o nula, tomándose las decisiones en forma centralizada y vertical, y limitándose la participación de los destinatarios, básicamente, al aporte de trabajo.
Sin embargo, se admite la autogestión de los programas por sus destinatarios, se reconoce el aporte de ayuda mutua como contribución de los mismos al financiamiento de las soluciones y -aunque hay excepciones- se estimula el ahorro previo como otra forma de aporte propio. O sea que, también en estos aspectos, los problemas no provienen de la inexistencia de un marco legal, sino de la forma como se lo usa o de los énfasis que se da en las políticas a los diferentes modos de producción y acceso.
También en la mayoría de los casos existe la forma jurídica de cooperativas de vivienda o alguna similar, aunque en algunas situaciones las mismas no funcionan realmente de manera autogestionaria; en cambio, en varios países existe un vacío legal sobre la figura de los equipos de asesoramiento técnico, complemento indispensable de aquéllas.
Además, como ya se dijo antes para el acceso al suelo, salvo pocos casos, no existe un marco legal para la propiedad colectiva y/u otras formas de tenencia diferentes de la propiedad privada individual, en particular figuras jurídicas que posibiliten modalidades asociativas para el acceso a la vivienda. O, si existe, ese marco legal es difuso o incompleto.
3. Hacia una propuesta de acción regional para América Latina
El análisis de la situación descrita conduce a plantear las medidas fundamentales que se enumeran a continuación, las que deben complementarse con otras, referidas al acceso al suelo; al financiamiento para la producción, acceso y permanencia en la vivienda; al estímulo a los distintos sistemas de producción de la misma y a la dotación de servicios físicos y sociales, que junto con la vivienda configuran el hábitat deseable.
La fundamentación de estas propuestas surge naturalmente del diagnóstico de situación realizado anteriormente, ya que ellas apuntan directamente a solucionar los problemas detectados en ese diagnóstico. Ellas no incluyen consideraciones sobre la problemática del acceso al suelo, sobre la cual las organizaciones ya han realizado un rico debate y llegado a importantes conclusiones, que el presente aporte complementa desde otro ángulo de enfoque.
1. La única garantía real del cumplimiento de los derechos contenidos en las constituciones y las leyes de cada país y en los tratados y compromisos internacionales es la participación de la gente organizada, sabiendo lo qué pasa, discutiendo, proponiendo y decidiendo. Por eso las principales medidas tienen que ver con esa participación, tanto a nivel de la definición de las políticas como del diseño y ejecución de los programas y proyectos.
2. Resulta relevante, a esos efectos, la presencia de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en aquellos ámbitos en los que se informa, analiza y resuelve los lineamientos de políticas; se aprueba los programas, y se toma las decisiones necesarias para su ejecución. En los países y en las instituciones de esos países en que esto sucede, esas organizaciones tienen una posibilidad de incidencia mucho mayor, que les permite defender efectivamente sus derechos y, al mismo tiempo, contribuir con el conocimiento de su propia realidad en una toma de decisiones mejor fundamentada. Ello requiere la presencia de representantes de las organizaciones de destinatarios en Comisiones Asesoras -de consulta preceptiva- de los organismos que definen las políticas, así como en los directorios de los consejos, institutos, agencias o bancos que ejecutan los programas.
3. Esa presencia puede complementarse, y ello es positivo, con la de otros actores del sector, como técnicos, empresarios, universidades, ONGs, otros organismos públicos involucrados, etc., pero la participación que resulta insoslayable es la de los propios destinatarios de la acción: los sectores de bajos ingresos con carencias graves de vivienda, nucleados en sus organizaciones.
4. Así como existen “Defensor@s del Pueblo”, del Ciudadano o Ombudsmen para vigilar el cumplimiento de otros derechos humanos esenciales, sería altamente positiva la existencia de un “Defensor/a del Derecho a la Vivienda y el Hábitat Popular”, ante quien pudieran denunciarse las situaciones de incumplimiento del mismo o de discriminaciones e injusticias, y que tuviera capacidad para reclamar y obtener información de los organismos competentes sobre los casos denunciados. Esto sería un importante complemento de la participación señalada anteriormente.
5. Las políticas de vivienda y hábitat deben constituir políticas de Estado, como resultado de consensos fruto de la participación, y permanecer más allá de la alternancia de gobiernos y de responsables al frente de las mismas. Sólo así podrá garantizarse la existencia de reglas claras y permanentes, imprescindibles para la toma de decisiones de los diferentes actores del sector.
6. La exigencia que existan planes para el mejoramiento de la situación de la vivienda y el hábitat popular es un importante paso para materializar el derecho a los mismos y para que su ejercicio se haga efectivo. Los planes, con una periodicidad en concordancia con la de las restantes políticas sociales y los presupuestos gubernamentales, permiten definir líneas de acción, recursos, metas, cumplimiento de expectativas y constituyen luego un valioso punto de apoyo para los reclamos populares.
7. Los planes, además, tienen que estar en consonancia con las respectivas acciones en materia de ordenamiento y desarrollo de las ciudades y el territorio, y con la protección y cuidado del ambiente, y tienen que hacer especial énfasis en la utilización del estoc existente y en la preservación de los valores patrimoniales, culturales e históricos.
8. El marco jurídico debe establecer con claridad la función social de la propiedad privada y la restricción -o aún pérdida- de este derecho cuando esa función social no se cumple. Ello permitirá a los gobiernos tomar las medidas necesarias para garantizar el uso del suelo y los inmuebles ociosos, que constituyen un bien social que debe estar al servicio de la sociedad, que en la mayoría de los casos ha hecho grandes esfuerzos para que hoy tengan el valor que poseen.
9. Debe haber una definición legal de vivienda digna, para que las acciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, estén encuadradas en el respeto a la misma y para que la teoría del “cuanto más, mejor”, sea reemplazada por la del “cuanto más y mejor, mejor”. También debe estar definida legalmente la obligación de los gobiernos de no contribuir con sus acciones al desarraigo de los pobladores de su hábitat natural, relaciones, cultura e historia.
10. La ley debe establecer con claridad que la vivienda única y permanente no puede perderse por embargos, deudas, o cualquier otro tipo de compromiso económico.
11. Debe irse a mecanismos institucionales que aseguren la descentralización y desconcentración de la ejecución de los planes, programas y proyectos, como forma de mejorar su eficiencia y asegurar la participación. En ello deben tener un rol central los gobiernos locales y las organizaciones sociales de los destinatarios.
12. Es necesario que exista un marco legal que facilite y estimule la autoproducción, en particular la que se realiza por grupos organizados, reconociendo el trabajo y la autogestión, además del ahorro, como aporte propio; posibilitando el otorgamiento de créditos y subsidios a los autoproductores y a los grupos organizados, y habilitando la existencia de formas de tenencia diversas (como por ejemplo la propiedad colectiva o el derecho de uso), que se ajusten mejor que la propiedad privada individual a las diferentes situaciones,.
13. Se requiere una política para los arrendamientos de vivienda social que proteja a la parte más débil del negocio, que casi siempre es el arrendatario, con mecanismos que aseguren la fijación de precios justos, que den solución al problema de las garantías y que establezcan que no podrá haber desalojos de inquilinos modestos buenos pagadores sin previo realojo bajo la responsabilidad del Estado.
14. Tienen que existir Fondos de Vivienda, dotados de recursos específicos y permanentes, cuyo vertido no dependa de los avatares macroeconómicos, como forma de asegurar las políticas de largo plazo y el cumplimiento de los planes. Esos fondos deben financiar la producción, acceso y permanencia en la vivienda, así como el mantenimiento, complementación y mejoramiento de la misma.
15. El financiamiento debe alcanzar a los grupos organizados de destinatarios, así como a los autoconstructores, y realizarse con un sistema flexible de garantías, que contemple las diferentes circunstancias. Debe asimismo incluir subsidios diferenciales, según ingresos e integración de los núcleos familiares de los demandantes, como forma de asegurar el acceso universal al financiamiento. Debe otorgarse a tasas adecuadas y en una moneda que asegure el razonable mantenimiento del valor del capital invertido, sin que ello comprometa a futuro la cobertura de otras necesidades vitales de los destinatarios.
16. La producción de vivienda social, y especialmente la Producción Social del Hábitat, no debe ser gravada con ningún tipo de tributo.
17. El asesoramiento técnico juega un rol fundamental en la eficiencia en el uso de los recursos y en la obtención de mejores soluciones, por lo cual debe ser normado de forma de propiciar que los sectores populares puedan acceder al mismo, pero también para controlar la forma en que es prestado.
Noviembre 2009.
-“Sí, existe… pero no se aplica”
1. Introducción
Entre 2007 y 2008, un conjunto de organizaciones sociales y de ONGs de promoción y desarrollo, de Centro y Sud América, con el apoyo del Programa de Vivienda y Hábitat del Centro Cooperativo Sueco para América Latina, realizó un intenso proceso de discusión y elaboración sobre la problemática del suelo, considerado como parte sustancial de la cuestión de la vivienda popular en la región. De ese trabajo surgió, a fines de 2008, el Manifiesto de San Salvador, aprobado por las organizaciones sociales participantes, que propone veintiocho medidas para solucionar el problema del acceso al suelo urbanizado de los sectores populares de esos países.
En el transcurso de esos intercambios se visualizó la importancia de llevar a cabo un proceso similar con otros aspectos del tema vivienda popular, y entre ellos se dio especial importancia a la cuestión del marco legal. Este documento es una contribución a ese nuevo esfuerzo.
Se trata de un primer borrador, con vocación de ser modificado y enriquecido, que procura inicialmente formular un sintético diagnóstico de situación para posteriormente, sobre esa base, realizar un conjunto de propuestas, con la idea que puedan ser tomadas como tales por las organizaciones sociales de todos los países participantes y aún de los demás de la región.
El diagnóstico se ha realizado sobre la base de la información proporcionada por los diferentes países, especialmente de las respuestas a un formulario común que todos respondieron. En Anexos se adjuntan esas respuestas, ordenadas por grandes temas y por preguntas, así como un cuadro esquemático que establece la proporción con que cada una de las diferentes situaciones se presenta en el conjunto del universo estudiado.
2. Un sintético diagnóstico
i. Consagración del derecho a la vivienda y el hábitat
El primer bloque de cuestiones que se analizó en la encuesta tiene que ver con el marco normativo, y se integra por diez preguntas relacionadas con la forma en que el derecho a la vivienda y el hábitat está consagrado en la legislación de cada uno de los países.
Las primeras preguntas tienen relación con el marco general y las siguientes van particularizando los aspectos considerados. Así también las respuestas van pasando de lo afirmativo a lo dudoso y de lo dudoso a lo negativo, a medida que se avanza en el diagnóstico: por ejemplo, casi todos los países han consagrado en sus constituciones el derecho a la vivienda y el hábitat, muchos lo han reglamentado incluso mediante leyes y decretos, y casi todos establecen la obligación del Estado de hacer efectivo ese derecho; pero en muy pocos existen planes concretos para materializarlo, sólo en uno se procura evitar el desarraigo de los pobladores y en ninguno la vivienda única y permanente es inalienable.
Esto muestra claramente uno de los aspectos centrales del problema en su faz jurídica: existen declaraciones generales, hay un sensible progreso en el derecho escrito, pero eso se transparenta muy poco en el derecho real, en la medida que esas declaraciones no tienen un correlato efectivo en políticas y planes que hagan que lo que la Constitución y la ley dice que hay que hacer, se haga.
Por ello, éste debería ser el núcleo fundamental de las propuestas.
ii. Institucionalidad y gestión
En el rubro “Institucionalidad y gestión” la situación, aún la formal, es menos complaciente que en el ítem anterior. Así, salvo en uno de los países, el tema de la vivienda y el hábitat no está regido por un organismo de la máxima jerarquía administrativa, sino por uno de segundo o tercer nivel, aunque en todos ellos existe una entidad responsable. Ello da, por sí sólo, una idea de la importancia que los gobiernos atribuyen a esta temática.
Por otra parte, en casi ninguno de los países analizados existe planificación en materia de políticas de vivienda y en casi todos esas políticas cambian con los gobiernos y aún cuando cambian los responsables dentro de un mismo gobierno; asimismo, salvo excepciones, el tema de la vivienda y el hábitat se maneja en forma centralizada, lejos del alcance y el conocimiento de las necesidades de la población y con escasa o nula participación de los gobiernos locales. A su vez, la legislación sobre arrendamientos (ese camino tan propicio para mucha gente para acceder a la vivienda) es libremercadista y protege al propietario antes que al inquilino.
Esto refuerza la conclusión del punto i.): una instrumentación débil, sin permanencia y verticalista, hace que la posibilidad real del ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda se aleje más y más de lo que los políticos declaran en sus solemnes reuniones y lo que los pueblos conquistan a través de las constituciones y las leyes.
iii. Financiamiento y recursos
Si sin recursos, sólo hay discursos, lo que sucede en este campo es una medida ajustada de la correspondencia entre los enunciados y la realidad, entre lo que los gobiernos dicen buscar y lo que efectivamente hacen.
Así, en pocos países de la región existe un sistema de financiamiento universal y dotado de recursos específicos y permanentes para el acceso a la vivienda, con un Fondo de Vivienda con dineros propios y no sujetos a los avatares macroeconómicos.
En pocos casos, también, se contempla adecuadamente el financiamiento de los autoconstructores y de los grupos organizados, y el sistema de garantías para los créditos, casi unánimemente hipotecario, y que por ello exige la formalidad de la propiedad, carece de la plasticidad necesaria para contemplar situaciones muy diversas.
La dotación de vivienda social es asimismo dificultada por el hecho que en la mayoría de los países analizados, la producción y el acceso están gravados con impuestos y que no siempre existen mecanismos adecuados de mantenimiento del valor de los créditos que, protegiendo el valor del capital prestado, no comprometan para su pago el futuro de los destinatarios.
Por otra parte, en ninguno de los países estudiados la utilización del estoc existente es objeto de un marco legal apropiado ni de un financiamiento que contemple sus características ni hay -o es débil- un tratamiento que facilite la recuperación y renovación de las zonas centrales de las ciudades, en particular de las históricas.
Aspectos positivos son, en cambio, que en la mayoría de los casos los sistemas de financiamiento abarcan no solamente la producción de vivienda nueva sino también el mejoramiento y complementación; el mantenimiento, y el acceso a la vivienda, y que, salvo en un país, en todos los demás existen tributos sobre la propiedad inmueble, lo que es no sólo una fuente de ingresos para el Estado sino también una herramienta para evitar la acaparamiento y mal o no uso del suelo urbanizado. Asimismo el subsidio, herramienta indispensable en el financiamiento de la vivienda popular, se usa en forma generalizada aunque no siempre adecuada.
iv. Acceso al Suelo
Con relación al acceso al suelo, piedra de toque del acceso a la vivienda, los indicadores tampoco son en general favorables. Salvo dos países, en ningún otro existen Bancos o Carteras de Tierras Urbanizadas de propiedad estatal que permitan que los sectores populares accedan a las mismas. Y aún en esos dos países, en uno la Cartera es de reciente creación y aún no ha sido implementada, y en el otro formalmente existen Carteras pero la falta de recursos las hace muy vulnerables. En consecuencia, el acceso a la tierra de los sectores populares tiene en los hechos solamente la vía del mercado.
Por otra parte, el abandono de inmuebles o su ocio a la espera del engorde, comúnmente no se penalizan (y mucho menos generan su vuelta a la sociedad), y como consecuencia de ello se mantiene ociosa parte importante del estoc de tierra urbanizada disponible (en general: urbanizada por la sociedad); las propiedades ociosas del Estado tampoco son utilizadas con fines sociales, con lo cual aquél se convierte en un propietario abandónico más.
Asimismo, el acceso al suelo normalmente no está financiado (salvo como parte de programas de construcción de vivienda) lo que pone un serio obstáculo a los esfuerzos de los autoconstructores y, aunque hay excepciones, no están desarrolladas suficientemente las formas de tenencia del suelo diferentes de la propiedad privada individual (como la propiedad colectiva, el derecho de uso o de superficie, etc.), soluciones que se adaptan mejor a muchas situaciones que el camino único de la propiedad privada individual no contempla.
Entre los aspectos positivos en este rubro hay que mencionar que los asentamientos irregulares (resultado, entre otras causas principalísimas, de la falta de políticas de acceso al suelo) son en general motivo de preocupación, aunque no siempre se cuente con el marco jurídico adecuado para actuar en dicho campo, y que en todos los países analizados existe una legislación expropiatoria que puede permitir al Estado hacerse de la tierra urbanizada necesaria por esa vía.
v. Participación de la sociedad organizada y PSH
Respecto a la participación de la sociedad organizada en la definición de las políticas y la ejecución de los programas de vivienda y hábitat, y al papel en las mismas de la Producción Social del Hábitat (PSH), en general en los países analizados esa participación es escasa o nula, tomándose las decisiones en forma centralizada y vertical, y limitándose la participación de los destinatarios, básicamente, al aporte de trabajo.
Sin embargo, se admite la autogestión de los programas por sus destinatarios, se reconoce el aporte de ayuda mutua como contribución de los mismos al financiamiento de las soluciones y -aunque hay excepciones- se estimula el ahorro previo como otra forma de aporte propio. O sea que, también en estos aspectos, los problemas no provienen de la inexistencia de un marco legal, sino de la forma como se lo usa o de los énfasis que se da en las políticas a los diferentes modos de producción y acceso.
También en la mayoría de los casos existe la forma jurídica de cooperativas de vivienda o alguna similar, aunque en algunas situaciones las mismas no funcionan realmente de manera autogestionaria; en cambio, en varios países existe un vacío legal sobre la figura de los equipos de asesoramiento técnico, complemento indispensable de aquéllas.
Además, como ya se dijo antes para el acceso al suelo, salvo pocos casos, no existe un marco legal para la propiedad colectiva y/u otras formas de tenencia diferentes de la propiedad privada individual, en particular figuras jurídicas que posibiliten modalidades asociativas para el acceso a la vivienda. O, si existe, ese marco legal es difuso o incompleto.
3. Hacia una propuesta de acción regional para América Latina
El análisis de la situación descrita conduce a plantear las medidas fundamentales que se enumeran a continuación, las que deben complementarse con otras, referidas al acceso al suelo; al financiamiento para la producción, acceso y permanencia en la vivienda; al estímulo a los distintos sistemas de producción de la misma y a la dotación de servicios físicos y sociales, que junto con la vivienda configuran el hábitat deseable.
La fundamentación de estas propuestas surge naturalmente del diagnóstico de situación realizado anteriormente, ya que ellas apuntan directamente a solucionar los problemas detectados en ese diagnóstico. Ellas no incluyen consideraciones sobre la problemática del acceso al suelo, sobre la cual las organizaciones ya han realizado un rico debate y llegado a importantes conclusiones, que el presente aporte complementa desde otro ángulo de enfoque.
1. La única garantía real del cumplimiento de los derechos contenidos en las constituciones y las leyes de cada país y en los tratados y compromisos internacionales es la participación de la gente organizada, sabiendo lo qué pasa, discutiendo, proponiendo y decidiendo. Por eso las principales medidas tienen que ver con esa participación, tanto a nivel de la definición de las políticas como del diseño y ejecución de los programas y proyectos.
2. Resulta relevante, a esos efectos, la presencia de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en aquellos ámbitos en los que se informa, analiza y resuelve los lineamientos de políticas; se aprueba los programas, y se toma las decisiones necesarias para su ejecución. En los países y en las instituciones de esos países en que esto sucede, esas organizaciones tienen una posibilidad de incidencia mucho mayor, que les permite defender efectivamente sus derechos y, al mismo tiempo, contribuir con el conocimiento de su propia realidad en una toma de decisiones mejor fundamentada. Ello requiere la presencia de representantes de las organizaciones de destinatarios en Comisiones Asesoras -de consulta preceptiva- de los organismos que definen las políticas, así como en los directorios de los consejos, institutos, agencias o bancos que ejecutan los programas.
3. Esa presencia puede complementarse, y ello es positivo, con la de otros actores del sector, como técnicos, empresarios, universidades, ONGs, otros organismos públicos involucrados, etc., pero la participación que resulta insoslayable es la de los propios destinatarios de la acción: los sectores de bajos ingresos con carencias graves de vivienda, nucleados en sus organizaciones.
4. Así como existen “Defensor@s del Pueblo”, del Ciudadano o Ombudsmen para vigilar el cumplimiento de otros derechos humanos esenciales, sería altamente positiva la existencia de un “Defensor/a del Derecho a la Vivienda y el Hábitat Popular”, ante quien pudieran denunciarse las situaciones de incumplimiento del mismo o de discriminaciones e injusticias, y que tuviera capacidad para reclamar y obtener información de los organismos competentes sobre los casos denunciados. Esto sería un importante complemento de la participación señalada anteriormente.
5. Las políticas de vivienda y hábitat deben constituir políticas de Estado, como resultado de consensos fruto de la participación, y permanecer más allá de la alternancia de gobiernos y de responsables al frente de las mismas. Sólo así podrá garantizarse la existencia de reglas claras y permanentes, imprescindibles para la toma de decisiones de los diferentes actores del sector.
6. La exigencia que existan planes para el mejoramiento de la situación de la vivienda y el hábitat popular es un importante paso para materializar el derecho a los mismos y para que su ejercicio se haga efectivo. Los planes, con una periodicidad en concordancia con la de las restantes políticas sociales y los presupuestos gubernamentales, permiten definir líneas de acción, recursos, metas, cumplimiento de expectativas y constituyen luego un valioso punto de apoyo para los reclamos populares.
7. Los planes, además, tienen que estar en consonancia con las respectivas acciones en materia de ordenamiento y desarrollo de las ciudades y el territorio, y con la protección y cuidado del ambiente, y tienen que hacer especial énfasis en la utilización del estoc existente y en la preservación de los valores patrimoniales, culturales e históricos.
8. El marco jurídico debe establecer con claridad la función social de la propiedad privada y la restricción -o aún pérdida- de este derecho cuando esa función social no se cumple. Ello permitirá a los gobiernos tomar las medidas necesarias para garantizar el uso del suelo y los inmuebles ociosos, que constituyen un bien social que debe estar al servicio de la sociedad, que en la mayoría de los casos ha hecho grandes esfuerzos para que hoy tengan el valor que poseen.
9. Debe haber una definición legal de vivienda digna, para que las acciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, estén encuadradas en el respeto a la misma y para que la teoría del “cuanto más, mejor”, sea reemplazada por la del “cuanto más y mejor, mejor”. También debe estar definida legalmente la obligación de los gobiernos de no contribuir con sus acciones al desarraigo de los pobladores de su hábitat natural, relaciones, cultura e historia.
10. La ley debe establecer con claridad que la vivienda única y permanente no puede perderse por embargos, deudas, o cualquier otro tipo de compromiso económico.
11. Debe irse a mecanismos institucionales que aseguren la descentralización y desconcentración de la ejecución de los planes, programas y proyectos, como forma de mejorar su eficiencia y asegurar la participación. En ello deben tener un rol central los gobiernos locales y las organizaciones sociales de los destinatarios.
12. Es necesario que exista un marco legal que facilite y estimule la autoproducción, en particular la que se realiza por grupos organizados, reconociendo el trabajo y la autogestión, además del ahorro, como aporte propio; posibilitando el otorgamiento de créditos y subsidios a los autoproductores y a los grupos organizados, y habilitando la existencia de formas de tenencia diversas (como por ejemplo la propiedad colectiva o el derecho de uso), que se ajusten mejor que la propiedad privada individual a las diferentes situaciones,.
13. Se requiere una política para los arrendamientos de vivienda social que proteja a la parte más débil del negocio, que casi siempre es el arrendatario, con mecanismos que aseguren la fijación de precios justos, que den solución al problema de las garantías y que establezcan que no podrá haber desalojos de inquilinos modestos buenos pagadores sin previo realojo bajo la responsabilidad del Estado.
14. Tienen que existir Fondos de Vivienda, dotados de recursos específicos y permanentes, cuyo vertido no dependa de los avatares macroeconómicos, como forma de asegurar las políticas de largo plazo y el cumplimiento de los planes. Esos fondos deben financiar la producción, acceso y permanencia en la vivienda, así como el mantenimiento, complementación y mejoramiento de la misma.
15. El financiamiento debe alcanzar a los grupos organizados de destinatarios, así como a los autoconstructores, y realizarse con un sistema flexible de garantías, que contemple las diferentes circunstancias. Debe asimismo incluir subsidios diferenciales, según ingresos e integración de los núcleos familiares de los demandantes, como forma de asegurar el acceso universal al financiamiento. Debe otorgarse a tasas adecuadas y en una moneda que asegure el razonable mantenimiento del valor del capital invertido, sin que ello comprometa a futuro la cobertura de otras necesidades vitales de los destinatarios.
16. La producción de vivienda social, y especialmente la Producción Social del Hábitat, no debe ser gravada con ningún tipo de tributo.
17. El asesoramiento técnico juega un rol fundamental en la eficiencia en el uso de los recursos y en la obtención de mejores soluciones, por lo cual debe ser normado de forma de propiciar que los sectores populares puedan acceder al mismo, pero también para controlar la forma en que es prestado.
Noviembre 2009.
lunes, 1 de febrero de 2010
Mi ciudad lejana
Mi ciudad lejana
mi ciudad lejana
sus boliches
su río ancho como mar
con aguas color marrón
su gente
que es mi gente
las calles
que años transité
los boulevares
anchos y arbolados
que invitan
en forma permanente
a caminarlos
sus sonidos
de tambor y guitarra
su filosofía bolichera
donde tantas veces
cambiamos el mundo
sin lograrlo aún
sus largas llanuras
donde tantas veces
se perdía mi mirada
y mi pensar
aún lejana en la distancia
la siento tan cerquita ¡!!!!!!
la llevo tan adentro !!!!!!!!!
con tu tango arrabalero
con tu vos y tu ta, ta
con tus botijas
con tus domingos futboleros
previo vino,
pasta o asadito
con tu febrero carnavalero
con tus inviernos fríos
con tus tibias primaveras
y tus calientes veranos
hoy son otras
las calles que piso
pero te llevo dentro
siempre de paseo conmigo
querida Montevideo
mi ciudad lejana
sus boliches
su río ancho como mar
con aguas color marrón
su gente
que es mi gente
las calles
que años transité
los boulevares
anchos y arbolados
que invitan
en forma permanente
a caminarlos
sus sonidos
de tambor y guitarra
su filosofía bolichera
donde tantas veces
cambiamos el mundo
sin lograrlo aún
sus largas llanuras
donde tantas veces
se perdía mi mirada
y mi pensar
aún lejana en la distancia
la siento tan cerquita ¡!!!!!!
la llevo tan adentro !!!!!!!!!
con tu tango arrabalero
con tu vos y tu ta, ta
con tus botijas
con tus domingos futboleros
previo vino,
pasta o asadito
con tu febrero carnavalero
con tus inviernos fríos
con tus tibias primaveras
y tus calientes veranos
hoy son otras
las calles que piso
pero te llevo dentro
siempre de paseo conmigo
querida Montevideo
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